La Agencia de Protección de Datos incoa un expediente tras la denuncia de la Junta de Personal contra el sistema de videovigilancia para el control horario de los funcionarios.
La Junta de Personal de funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía en Almería, en sesión plenaria celebrada el 17 de mayo de 2012, acordó dirigir un escrito a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) denunciando la colocación de cámaras de vigilancia para el control y registro horario de sus funcionarios, en contra de lo establecido en la legislación vigente (Ver en prensa).
Como respuesta al escrito presentado ante el citado organismo, la Junta de Personal ha recibido una resolución sobre el Acuerdo de inicio del procedimiento de declaración de infracción de Administraciones Públicas. El sistema de videovigilancia está empleando cámaras de "alcance desproporcionado", según ha advertido la AEPD, que ha iniciado el procedimiento de declaración de infracción en Almería contra la Junta ante una presunta infracción de los artículos 6.1 y 20 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. La Junta dispone de un plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y proponer las pruebas que estime convenientes.
El motivo de la denuncia fue la existencia de incongruencias entre el fin justificado por parte de la Administración para la colocación de las cámaras y el verdadero motivo de su implantación. Incumpliendo en este segundo caso, la ley de protección de datos y derecho de imagen de los funcionarios y ciudadanos que acceden a las oficinas del citado centro de trabajo.
Otra prueba más de la falta de escrúpulos de la Administración a la hora de cumplir con lo preceptuado con la citada Ley, vulnerando los derechos de los funcionarios y ciudadanos andaluces e ignorando y negando cualquier resquicio de reclamación a su actuación.
La Junta de Personal estará expectante ante el resultado de las declaraciones y actuaciones de la propia administración. El presidente de la misma, José Manuel Mateo, ha lamentado que la situación haya tenido que llegar hasta la Agencia "por la soberbia y la falta de diálogo del secretario general y de la delegada del Gobierno andaluz".
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