Varios allanamientos presentados por la Administración han precipitado nuevos fallos firmes a favor del Sindicato que estudia acudir a la vía penal si no se acatan estos veredictos.
El último fallo firme por la exigencia de datos de externos notificado a Sindicato Andaluz de Funcionarios ha sido dictado tras un allanamiento presentado por la Junta de Andalucía. La Sala de lo Contencioso Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falla en firme a favor de SAF, tras el allanamiento de la Junta, anula la Resolución en cuestión y reconoce el derecho de este Sindicato a la obtención de la información solicitada (Ver primera página sentencia) (Ver sentencia íntegra) (Ver en prensa).
La letrada de la Junta ha presentado un escrito sobre la formulación de allanamiento de la Junta frente a la pretensión anulatoria ejercida en el recurso contencioso administrativo respecto de la Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 22 de diciembre de 2010, por la que se desestima el requerimiento de información del Sindicato de copia de los contratos que amparan la presencia de personal externo, especificando qué tipo de funciones están desempeñando cada uno de ellos y si disponen de clave privada de acceso a los sistemas informáticos, y relación de plazas vacantes y desdotadas.
Es la cuarta sentencia que deriva del allanamiento de la Administración y la quinta firme que da la razón a SAF cuando pide toda la información referente al personal externo.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios está pidiendo por escrito a la Administración que acate las sentencias y facilite todos los datos referentes al personal externo. Ante la falta de respuesta, los servicios jurídicos de SAF estudian la posibilidad de continuar ejerciendo actuaciones legales, incluida la vía penal, hasta que la Junta acate sin dilaciones los fallos.
SAF lleva años exigiendo toda la información referente a uno de los despilfarros más polémicos y descarados de los últimos tiempos, culminados en la Ley 1/2011 de reordenación el sector público andaluz.
Aún queda mucho por hacer, una vez la Junta de Andalucía ponga sobre la mesa toda la información sobre los miles de externos, deberá explicar no sólo los contratos y sueldos, sino el tipo de funciones que realizan, siempre alejadas de las potestades públicas que únicamente deben ser ejercidas por personal funcionario, tal y como establece la Ley.
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