El Sindicato denuncia la discriminación, la arbitrariedad y el incumplimiento de los principios constitucionales que supone recortar las pagas adicionales a este personal, únicos funcionarios en España que soportarán estos recortes.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, exige por escrito a la Consejera de Hacienda y Administración Pública, y a su Consejería, que inicie las vías de legislación de urgencia previstas en el Estatuto de Autonomía o las medidas necesarias para derogar los artículos 7.1 de la Ley 3/2012 y 13.5 de la Ley 5/2012 y que abone al personal funcionario las pagas adicionales del complemento específico correspondientes a los meses de junio y diciembre (Ver en prensa).
Ya no hay medias tintas en las palabras del Ejecutivo andaluz. Tras las declaraciones del portavoz del Gobierno andaluz en la rueda de prensa celebrada ayer después del Consejo de Gobierno, SAF recuerda que lleva meses denunciando que el recorte de las pagas adicionales del personal funcionario andaluz para 2013 no es consecuencia de ninguna medida estatal, sino que es libremente decretada por la propia Comunidad Autónoma. La Ley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado para 2013 no recoge estos recortes.
Hace casi un año, el 22 de mayo de 2012, que se aprobó el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio 2012-2014 que prevé la eliminación de los complementos adicionales de las pagas extraordinarias. Desde entonces SAF ha denunciado la sinrazón y el atropello hacia sus propios funcionarios llevado a cabo por el Gobierno andaluz que se ha dedicado a lanzar balones fuera. El Sindicato pide al Gobierno Autonómico que deje de cebarse con sus funcionarios, personal que mayores recortes retributivos va a sufrir dentro de todas las Administraciones Públicas.
Con la eliminación de las pagas adicionales, asegura el Sindicato en su escrito, "se produce una quiebra del principio de seguridad jurídica previsto en la Constitución Española vinculado con el de confianza legítima consagrado por jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo". De esta forma, SAF remarca la clara arbitrariedad de los poderes públicos en la toma de decisiones y afirma que dicha supresión es discriminatoria y viola también el principio de igualdad.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios muestra su indignación ante unos recortes que inciden bruscamente sobre el funcionario, en beneficio de multitud de conceptos presupuestarios prescindibles y que han permanecido inalterables. Es inconcebible que las medidas de contención siempre recaigan sobre los ciudadanos, los servicios públicos y el personal que accede a la Administración por procedimientos reglados, mientras la costosa externalización o las ayudas de alquiler de altos cargos, entre otros despilfarros de plena actualidad, quedan intactos.
Los funcionarios de la Junta llevan años marcados por los tijeretazos. Desde 2010 este personal arrastra la congelación salarial con una pérdida de poder adquisitivo superior al 30%, la disminución del sueldo base, trienios, complemento de destino, complemento específico y productividad y la merma de la paga extra entre un 46,30% y un 1,3%, dependiendo del Grupo. Hay que añadir la eliminación de la última paga extra, la rebaja de días de asuntos propios, el aumento de la jornada laboral, la suspensión de ayudas de acción social, la ausencia de OEP y el consiguiente aminoramiento de funcionarios, etcétera. Todos estos recortes se mantienen actualmente, por lo que la nueva poda del Gobierno autonómico a la paga extra supone un sacrificio insostenible y tremendamente injusto para los funcionarios de la Administración andaluza.
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