SAF, sindicato mayoritario en la Administración General andaluza, se opuso a la propuesta de acuerdo, aprobado ahora por la Junta como Decreto-Ley, porque favorece a un colectivo de interinos frente a los demás ciudadanos andaluces.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto-Ley 5/2013 imponiendo de nuevo un pacto de estabilidad para los funcionarios interinos. Pero no para todos los interinos sino en exclusiva para el colectivo del anulado pacto de estabilidad que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tumbó por ilegal en el año 2000 (Ver en prensa).
En este Decreto-Ley se establece que "hasta que se produzca la culminación de los procedimientos de consolidación de empleo previstos en la Disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público, la selección de este personal se realizará en primer lugar entre el personal funcionario interino que, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto-Ley, cese en el desempeño de su puesto por resultar adjudicado a un funcionario de carrera en cualquiera de los procesos reglamentarios de selección o provisión, siempre que estuviere prestando servicios con anterioridad a 1 de enero de 2005; y que, a 31 de diciembre de 2013, cuente con cuarenta y cinco o más años de edad".
La Junta de Andalucía vuelve a proponer un pacto de estabilidad restringido a interinos que estén prestando servicios con anterioridad a 1 de enero de 2005, de manera ininterrumpida, y mayores de 45 años. El Sindicato Andaluz de Funcionarios muestra su repulsa hacia una medida impuesta que ignora cualquier cauce legal, incluida la posición contraria de los sindicatos, vulnera el principio de igualdad ante la Ley que recoge la Constitución en su artículo 14 e incumple las leyes de Función Pública, el EBEP y las sentencias judiciales.
En el Decreto-Ley se hace referencia a una Mesa Sectorial celebrada el pasado 21 de marzo con los sindicatos donde únicamente se posicionó a favor de la propuesta de la Administración la organización sindical Ustea, que representa al 13% de los funcionarios. Los otros dos sindicatos con derecho a voto no dieron su aprobación, ya que CSI-F se abstuvo y el Sindicato Andaluz de Funcionarios votó en contra. Estas dos organizaciones sindicales representan a más del 87% de los funcionarios públicos. Ante la falta de apoyo, la Administración dio por cerrada la negociación y no se aprobó ese nuevo pacto.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios se opuso rotundamente a cualquier acuerdo que significara una mofa a la normativa vigente y a la Constitución. La Junta favorece, de nuevo, a un colectivo privilegiado históricamente y cobijado bajo las faldas de las políticas de Función Pública, en detrimento del derecho de todos los andaluces al acceso al empleo público. De tal manera, el Gobierno andaluz está convirtiendo a estos interinos en trabajadores intocables y los coloca por delante del resto de los ciudadanos andaluces, procedan de bolsa de interinos o de las OEP, agravando su situación en un periodo tan complicado de crisis y recortes.
SAF considera una burla a los representantes democráticos de los funcionarios, un daño irreparable al resto de andaluces discriminados y una provocación inadmisible lo aprobado por el Consejo de Gobierno.
Precisamente, en el Decreto-Ley también se alude a "la severa situación de crisis económica iniciada en el año 2008, cuyos efectos desfavorables se han dejado sentir en el conjunto del Estado y de las Comunidades Autónomas, sin que Andalucía constituya una excepción". ¿Y qué sucede con el resto de andaluces? ¿No hay crisis para ellos?.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios propone que los puestos de trabajo sean ofertados mediante una OEP que cumpla con los principios constitucionales y demás normas jurídicas, a todos los andaluces, sin distinción de clase ni condición de edad.
SAF denuncia que el Gobierno andaluz vuelva a utilizar de forma abusiva la figura del Decreto-Ley, como ya hizo con la reordenación, puesto que su aplicación es en casos de extraordinaria y urgente necesidad. De la misma manera, el Sindicato Andaluz de Funcionarios exige una respuesta contundente del Gobierno andaluz y la anulación del Decreto-Ley. En caso contrario, SAF acudirá a las instancias judiciales que correspondan para denunciar esta nueva ilegalidad.
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