La Administración no ha informado de las movilizaciones, no las ha negociado con los sindicatos, no las justifican y sólo hablan de ahorro cuando suponen gastos millonarios.
Los funcionarios de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla, ante la noticia llegada sobre el traslado de la misma a la nueva sede administrativa que la Junta de Andalucía prevé abrir en la zona de Los Bermejales denuncian en un escrito dirigido a los Viceconsejeros de las Consejerías de Fomento y Vivienda y de Turismo y Comercio para mostrar su "más absoluta disconformidad", por entender que existen motivos suficientes que aconsejan la permanencia de las actuales sedes (Ver en prensa).
Esta Delegación Territorial, situada en un edificio propiedad de la Junta en la Plaza de San Andrés, atiende y asesora a un elevado número de ciudadanos, 35.800 personas han sido asistidas en un año. Decenas de miles de personas, la mayoría mayores y discapacitadas físicas, que el desplazamiento a zonas del extrarradio perjudicaría su atención, "circunstancia prioritaria -afirman los funcionarios firmantes del escrito- y a la que nos debemos como empleados y Administración Pública que somos".
Los trabajadores también muestran su indignación ante lo que consideran "cuando menos errónea la alusión a un considerable ahorro económico que dichos traslados representan", pues se omiten el gasto que supondría la movilización de los cuatro edificios que integran la Delegación Territorial y el gasto de realojamiento de nuevas Unidades en las citadas sedes a desalojar.
Aunque uno de los mayores despilfarros es el relacionado con el gasto que supone el nuevo edifico. El edificio de los Bermejales, cuya inversión ronda los 50 millones de euros, supone un gasto en concepto de renta anual de 7,5 millones de euros durante 22 años y tres meses, entre otros servicios según las informaciones publicadas en prensa (ver información aquí), es decir más de 165 millones de euros de las arcas públicas andaluzas.
La conciliación de la vida laboral y familiar, el trastorno y el perjuicio ocasionados por gastos personales en desplazamiento y adecuación, y lo precipitado del traslado son otras de las importantes reivindicaciones que recogen los funcionarios públicos en el escrito.
Denuncia de los representantes sindicales
Precisamente de los problemas que acarrearía y de las irregularidades cometidas por los traslados ya avisó la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Administración General de la Junta de Andalucía. Este órgano de representación de los funcionarios públicos, formado por SAF con 16 delegados, Csi-f con 8, Ustea con 5 y SAT con 2, lleva meses evidenciando que las movilizaciones de personal, surgidas del Decreto del Presidente 3/2012 de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, no cumplen la legalidad.
Los representantes sindicales denunciaron ante la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública que se estaban realizando traslados de personal en distintos centros de trabajo de la Junta obviándose los trámites legales. Estos traslados no se han publicado en BOJA, no se han informado de los mismos a la Junta de Personal, ni mucho menos se han negociado con los sindicatos, vulnerando toda la legislación vigente al respecto.
Es más, a la hora de llevar a cabo estas movilizaciones de funcionarios se debe atender al criterio de la voluntariedad del mencionado personal. En este sentido, el Estatuto Básico del Empleado Público señala que "las Administraciones Públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus funcionarios, por necesidades de servicio o funcionales (...) respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando por motivos excepcionales los planes de ordenación de recursos impliquen cambio de lugar de residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. Los funcionarios tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos".
La Junta de Personal agrava un posible delito de prevaricación en los actos irregulares cometidos por la Administración, puesto que el Código Penal establece de forma expresa que "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años".
El Sindicato Andaluz de Funcionarios muestra su indignación ante un procedimiento que se está llevando a cabo al margen de toda legalidad. La Junta de Andalucía se salta los cauces que marca la Ley e ignora los derechos de sus propios trabajadores. SAF se siente, cuanto menos, ninguneado ante una Administración que no informa, no negocia y no publicita actuaciones directamente relacionadas con las condiciones de trabajo del personal funcionario y en las que, como establece la Ley, deberían tener parte los los trabajadores y sus representantes.
El Sindicato se reserva el ejercicio de cuantas acciones legales sean oportunas para la defensa de los derechos e intereses de los funcionarios públicos.
