El Sindicato ha presentado un escrito y anuncia futuras acciones penales si esta ilegalidad, que conlleva el manejo de datos sensibles, no se soluciona.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha presentado un escrito ante la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social, para denunciar la grave situación que atraviesa el Servicio de Dependencia de la Junta de Andalucía en Cádiz.
SAF considera de capital importancia que los ciudadanos andaluces conozcan cómo se gasta el dinero de las arcas públicas y los perjuicios que pueden provocar en la prestación de los servicios que de los 130 trabajadores de dicho centro, unos 60, casi la mitad, sea personal externo.
Una de las irregularidades más significativas es la posibilidad de que el personal externo, al no tener la condición de funcionario público, pueda llevar a cabo potestades públicas, que deben ser ejercidas por funcionarios. El personal externo se encuentra inhabilitado por ley para tramitar los expedientes, donde se manejan datos sensibles, que gozan de especial protección por la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Este personal, en la mayoría de los casos con un contrato laboral por obra y servicio determinado, procede de la antigua Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS), cuya integración en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia ha sido declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en reciente resolución.
Además, el Sindicato denuncia en su escrito la paradoja de que en este Servicio no existe prácticamente carga de trabajo, pues no hay fondos para conceder nuevas ayudas a la dependencia.
A pesar de ello, se mantiene a este personal, incumpliendo una sentencia judicial. Este desprecio a la legalidad vigente en detrimento a la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía y el coste que supone mantener una plantilla sin justificación alguna, donde la mitad de los trabajadores, el personal externo, no han accedido a través de los trámites legales establecidos y no se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios se reserva el derecho a llevar a cabo cuantas acciones legales tenga a su alcance, incluidas actuaciones penales.
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