El Sindicato presentó la querella por la subrogación del personal de las Agencias en el SAE, en un intento de burlar la anulación dictada por el TSJA.
La Justicia sigue adelante contra la reordenación del sector público andaluz y es la primera vez que se cita a declarar como imputado a un alto cargo de la Junta relacionado con la Ley del enchufismo. Concretamente, el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla cita a declarar al Director-Gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en calidad de imputado por la querella por prevaricación interpuesta por el Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF. En el mismo auto reafirma la admisión a trámite de la querella "pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de delito de prevaricación", incoa diligencias previas, dando parte al Ministerio Fiscal, y establece llevar a cabo las "actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias" (Ver en prensa).
El motivo de la querella, presentada el 14 de febrero de 2012, fue la Resolución de 7 de febrero de 2012 "por la que se aprueban las medidas para garantizar el cumplimiento de la Sentencia (...), por el que se acuerda la suspensión cautelar de la Resolución dictada por la Secretaría General para la Administración Pública, con fecha de 20 de Abril de 2011, por la que se aprueba el protocolo de integración de personal" en el SAE. Esta Resolución fue dictada por el propio Director-Gerente del SAE, que pretendía dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que daba la razón a las asociaciones de funcionarios y prohibía la integración de personal externo en el SAE. La polémica Resolución burlaba el fallo, en auténtico fraude de ley, al crear la figura del personal "subrogado".
Tal y como adelantó el Sindicato ante este nuevo concepto de "subrogación" en el SAE, atajo ante la suspensión del protocolo de integración del personal de las Agencias, SAF presentó otra querella más que sigue su curso contra la Delegada Provincial de Empleo ante el Juzgado de Instrucción número 4 en Granada.
José Manuel Mateo Navarro, presidente de SAF, ha mostrado su satisfacción ante este nuevo paso hacia delante de la Justicia. En una valoración de este auto, Mateo Navarro asevera que "la Junta intenta con este tipo de estratagemas proteger y mantener al personal enchufado de las empresas privadas, que ahora cambia el concepto y llama "subrogado", y apartar así el dinero público, es decir, el dinero de de los ciudadanos andaluces, del control exhaustivo. El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha sido pionero en estas denuncias, que lleva años batallando, y siempre ha luchado por este auténtico sablazo a los derechos, no sólo de los funcionarios a los que SAF representa, sino a todos los ciudadanos andaluces".
SAF no puede ser más claro en la querella y establece que "los hechos denunciados -establecen las denuncias de SAF- se encuadran en el tipo contenido a los artículos 404 del Código Penal, (...) que contempla el hecho de que las autoridades o funcionarios públicos se negaren abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de formalidades legales". El Sindicato Andaluz de Funcionarios sostiene "que la actuación del querellado intenta evitar el mandato contenido en la sentencia del TSJA, Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla, que suspende la incorporación al Servicio Andaluz de Empleo del personal externo de la ya extinta Fundación Andaluza para el Fondo de la Formación y Empleo (FAFFE) y también de los Consorcios UTDLT".
Esta actitud provocadora del Director-Gerente del SAE frente a la decisión judicial es conocida públicamente por todos, incluido el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ya que SAF ha presentado otros escritos, anteriores a estas denuncias penales, ante el Juzgado de Guardia y ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial. No caben excusas cuando se es consciente de la ilegalidad que se comete con el grave desacato al mandato judicial por el que debe velar todo órgano jurisdiccional.
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