Las últimas declaraciones de Martínez Aguayo protagonizan una nueva polémica en el sector funcionarial.
En una entrevista publicada en prensa el domingo, 25 de noviembre de 2012, la Consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, vuelve a mencionar a los funcionarios andaluces, en estos términos: "son tan profesionales los que están en el sector público como los que están en la Junta y se llaman funcionarios". Precisamente parte del funcionariado se han sentido ofendido por estas declaraciones, es conocida la animadversión que desprende en ocasiones las afirmaciones de la Consejera publicadas en prensa contra este colectivo en el ámbito de la Administración General, desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios mostramos nuestro malestar y entendemos que para encumbrar a las empresas públicas no es necesario desmerecer al personal funcionario (Ver en prensa).
Para empezar, no nos llamamos funcionarios públicos, somos funcionarios públicos. Y lo somos porque la Constitución de 1978 y las Leyes de Función Pública así lo dictan. Somos profesionales al servicio de los ciudadanos sin presiones políticas. Somos servidores públicos porque hemos accedido a la Función Pública con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, además de la requerida publicidad. Con esos principios se garantiza que cualquier ciudadano tiene derecho en igualdades de oportunidades a la Función Pública.
Somos funcionarios públicos porque hemos dedicado años de sacrificio y estudio para poder superar unos procesos selectivos o de concurrencia competitiva. No ponemos en duda la profesionalidad del personal que trabaja en el sector público de la Junta de Andalucía, pero sí exigimos el riguroso cumplimiento de la legalidad, el respeto a las sentencias dictadas y la libertad de la Administración PÚBLICA. Los ciudadanos tienen el derecho de acceder en igualdad de condiciones a la Junta de Andalucía, más aún en tiempos de crisis, y de recibir un servicio público e independiente a ideologías y políticas.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios siempre ha denunciado, tal y como han dictado los magistrados contra los protocolos y estatutos de las Agencias, es la ilegalidad cometida por el Gobierno andaluz al intentar colar de rondón como empleados públicos a los más de 25.000 trabajadores provenientes del entramado de empresas públicas, fundaciones, etcétera. La Justicia ya ha hablado y sentencia que la actuación de la Junta quiebra toda legalidad, al no respetar los principios rectores de acceso al empleo público exigidos en la Constitución, en el Estatuto Básico, en la Ley de Reordenación y en el propio Decreto impugnado. Es más, los Tribunales definen que ello supone un desprecio al Estado de Derecho.
Todos los Decretos y protocolos de integración de las Agencias creadas por el Gobierno andaluz al cobijo de la Ley del Enchufismo han sido declarados nulos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Asimismo, rogamos a la Sra. Consejera que solucione la catastrófica situación que atraviesa el devastado sector público andaluz, que se ciña a la legalidad, que respete a los funcionarios públicos de la Junta de Andalucía y que desista del enfrentamiento constante.
Descargar informativo (versión pdf).
LUCHAMOS POR TUS DERECHOS PORQUE
SOMOS FUNCIONARIOS COMO TÚ
