Uno de estos contratos ya ha sido paralizado por el Tribunal Administrativo de la Junta.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha denunciado nuevamente ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía una serie de licitaciones y adjudicaciones con idéntico objeto que la suspendida la semana pasada por este Tribunal en Córdoba. Precisamente, el Tribunal Administrativo dio la razón al Sindicato y paralizó la Resolución de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de lnfraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación del "Servicio de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de pendientes de la Consejería de Educación de /a Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba".
El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha tenido conocimiento de la existencia de expedientes de contratación idénticos en fase de de licitación y adjudicación en el resto de provincias andaluzas. El objeto establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares de estas siete contrataciones es análogo al paralizado en Córdoba y conlleva el ejercicio de potestades públicas por parte de empresas privadas (Ver en prensa).
Ante esta nueva externalización de los servicios públicos, el Sindicato muestra su preocupación y repulsa a estos despilfarros que la Administración comete a favor de privatizaciones y cuyos gastos son exagerados e innecesarios. En esta ocasión, las contrataciones externas que la Administración ha ofertado en cada una de las provincias andaluzas suponen 684.840 euros en Málaga, 530.400 euros en Granada, 585.000 euros en Almería, 224.640 euros en Huelva, 447.720 euros en Jaén, 644.280 euros en Sevilla y 546.000 euros en Cádiz. La suma de estas cifras, junto a los gastos de Córdoba, supera los 4,5 millones de euros.
Por ello, el Sindicato Andaluz de Funcionarios ha solicitado al Tribunal Administrativo que se declaren nulos los anuncios de licitación y resoluciones de adjudicación citadas, dejando sin efecto los contratos de servicios mencionados y procediendo a la atribución inmediata de dichas facultades al personal funcionario.
Además, tal y como ya hizo con la contratación suspendida, el Sindicato pide que se remitan estas actuaciones a los órganos correspondientes para dirimir las posibles responsabilidades en que pudiera haber incurrido los titulares de los órganos administrativos que correspondan por la externalización improcedente de servicios, que pudieran suponer atribución directa o indirecta de potestades públicas a personal ajeno a la función pública y por la cesión del tratamiento de de carácter personal en personal no profesional y sobre el cual no recaen los requisitos de secreto profesional.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios advierte que esta tercera administración paralela, montada por la Junta a base de contrataciones que gestionan empresas públicas y adjudicadas a empresas privadas, conllevan perjuicios de muy difícil reparación como la cesión de datos protegidos o la atribución de potestades públicas a personal externo, que no está sujeto a límites y controles que el derecho constitucional y administrativo impone en aras de una mejor protección del interés público.
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