Tras la drástica restricción en materia de seguridad industrial, el Sindicato advierte sobre las terribles consecuencias que pueden conllevar y afirma que llevará a cabo las medidas legales oportunas.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha denunciado ante la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo la ausencia este año del Plan de Inspección de Seguridad Industrial y Minera y de Control Metrológico. Desde 2001 la Dirección General de Industria, Energía y Minas aprueba y ejecuta anualmente el mencionado Plan como instrumento para conseguir un buen conocimiento sobre la adecuación del diseño, la fabricación, la puesta en funcionamiento y las condiciones de servicio de los productos, equipos, instalaciones y establecimientos industriales y mineros con el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, de seguridad y metrológicos.
Los planes de inspección se desarrollaban en todo el territorio de la Comunidad Autónoma y afectan a los establecimientos, equipos e instalaciones industriales, energéticas y mineras. Sin embargo en 2012 no se ha aprobado este Plan. El Sindicato Andaluz de Funcionarios advierte que estas inspecciones afectan a instalaciones sensibles desde el punto de vista de la seguridad y su falta de control puede ser el detonante de accidentes que pongan en grave riesgo a la ciudadanía y a los trabajadores (Ver en prensa).
El Sindicato Andaluz de Funcionarios considera, cuanto menos, una tremenda irresponsabilidad por parte de la Administración ignorar el Plan que regula estas inspecciones en materia de seguridad industrial. Por ello, el Sindicato ha exigido mediante un escrito que se publique inmediatamente el Plan General de Inspecciones en el Área de Seguridad Industrial, Energía y Minas del año 2012 y se inicien las actuaciones conducentes a la correcta revisión de la situación y estado actual de seguridad con la depuración de responsabilidades políticas, disciplinarias y penales que correspondan por el retraso injustificado del mismo y por las posibles deficiencias y daños generados.
Asimismo, el Sindicato solicita modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo correspondientes a la Dirección General de Industria, Energía y Minas así como en los Servicios de Industria, Energía y Minas de las Delegaciones Territoriales de la Consejería, para crear y dotar puestos de estructura de Inspector y/o Asesor Técnico en materia de Seguridad Industrial (con requisito de titulación Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Minas, dependiendo del ámbito), en orden a contar con los recursos humanos necesarios para poder cumplir con las funciones que la normativa anteriormente citada obliga a la Administración en materia de seguridad industrial, de energía y minas, así como las dotaciones necesarias para realizar los desplazamientos del personal inspector.
Para ello, es imprescindible la inclusión en la próxima Oferta de Empleo Público de plazas del cuerpo A1.2004 (Ingeniería Industrial) y A1.2005 ( Ingeniería de Minas) del Cuerpo A2.2004 (Ingeniería Técnica Industrial) y A2.2005 (Ingeniería Técnica de Minas).
Precisamente respecto a la dotación de personal se pronunció la Cámara de Cuentas en el informe de fiscalización sobre "Gestión de los recursos humanos de la Junta de Andalucía: especial referencia al Sistema SIRHUS" establece que la "insuficiencia de medios se produce principalmente por la falta de dotación presupuestaria. Deben desarrollarse los procedimientos de selección de personal necesarios para completar la relación de puestos de trabajo, pues a pesar de las restricciones presupuestarias impuestas en todas las administraciones públicas, la contratación externa de personal pudiera tener un coste superior al de los créditos presupuestarios necesarios".
Además, el Sindicato Andaluz de Funcionarios también ha pedido que se elabore una Ley de Seguridad Industrial, que garantice la seguridad de los establecimientos, instalaciones y productos industriales, atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia. En otras Comunidades Autónomas cuentan con su propia Ley de Seguridad Industrial, por ejemplo, Ley 9/2004, de Seguridad Industrial de Galicia o la Ley 12/2008, de Seguridad Industrial de Cataluña), lo que permita contemplar, con garantía de las potestades públicas correspondiente única y exclusivamente a personal funcionario, las labores de control administrativo y inspección.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios recuerda que las inspecciones deben llevarlas a cabo profesionales, tal y como establece la Orden de 11 de julio de 2001 que matiza que "las inspecciones incluidas en el programa 3.2 ( Programa de Seguridad Minera) serán realizadas por funcionarios titulados de minas de las Delegaciones Provinciales" y que "las inspecciones de comprobación de la correcta puesta en servicio contempladas en los programas del epígrafe 3.4 ( inspecciones a industrias, establecimientos e instalaciones industriales sobre su adecuada puesta en servicio) serán realizadas por los funcionarios técnicos de las Delegaciones Provinciales".
El Sindicato Andaluz de Funcionarios adoptará, si fuera necesario, las correspondientes medidas legales y exigencia de responsabilidades.
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