El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha conseguido paralizar esta nueva desviación de potestades públicas a la Administración paralela.
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha dado la razón al Sindicato Andaluz de Funcionarios que recurrió y solicitó la suspensión de la Resolución de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de lnfraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación del "Servicio de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de pendientes de la Consejería de Educación de /a Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba" (Ver en prensa).
Hasta la resolución del recurso, el Tribunal Administrativo ha paralizado esta externalización que supone un gasto de 957.493,20 euros. Casi un millón de euros en una contratación que, de llevarse a cabo y así advierte el Sindicato Andaluz de Funcionarios en el recurso, se derivaría a una empresa privada el desempeño de funciones y potestades administrativas sin reunir los requisitos necesarios para ello, de conformidad con los principios de igualdad, mérito y capacidad y con la Constitución Española. Asimismo, como muestra el contenido del contrato, las tareas a las que se hace alusión constituyen claramente una vulneración del EBEP, ya que deben ser realizadas expresamente por personal funcionario.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios recuerda en su recurso que el informe de fiscalización sobre "Gestión de los recursos humanos de la Junta de Andalucía: especial referencia al Sistema SIRhUS" aprobado por el Pleno de la Cámara de Cuentas, señala en sus conclusiones que "debe desarrollarse los procedimientos de selección de personal necesarios para completar las Relación de Puestos de Trabajo, pues a pesar de las restricciones presupuestarias impuestas en todas las administraciones públicas, la contratación externa de personal pudiera tener un coste superior al de los créditos presupuestarios necesarios. (...) Con ello, podría evitarse la externalización de servicios, cuyo coste pudiera resultar superior a los créditos presupuestarios para cubrir la insuficiencia de medios propios".
Asimismo, el Tribunal de Cuentas instó el pasado año a las Administraciones Públicas "que se evite, tanto por los órganos gestores de personal como por los responsables de la gestión de los servicios, el recurso a la contratación de servicios externos para suplir la carencia de medios personales, cuando se trate de hacer frente a necesidades permanentes de personal relacionadas con el ejercicio de competencias que tenga atribuidas la entidad u órgano de que se trate". En el mismo sentido, este Tribunal reclamó "que por los órganos directivos de la función pública se valoren todas las circunstancias concurrentes en las solicitudes de modificación de las relaciones de puestos de trabajo, de manera que para evitar incrementos de personal no se incurra en contratos que encubran una cesión ilegal de mano de obra".
De este modo, el Sindicato Andaluz de Funcionarios exige que la contratación se declare nula de pleno derecho, dejándola sin efecto y procediendo a la atribución inmediata de las facultades al personal funcionario. Además, el Sindicato solicita que se remitan las actuaciones a los órganos correspondientes para dirimir posibles responsabilidades de los titulares de los órganos administrativos que correspondan por la externalización improcedente de servicios, que supone la atribución directa o indirecta de potestades públicas a personal ajena a la Función Pública y por la cesión del tratamiento de carácter personal en personal externo sobre el que no recaen requisitos de secreto profesional.
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