La federación FASPI vuelve a ser ignorada por la Administración en la última Mesa General de Negociación convocada el pasado viernes 28 de septiembre.
La Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes, FASPI, integrada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios, el SMA y la APIA, no ha sido citada el pasado viernes, 27 de septiembre de 2012, a la reunión celebrada para constituir la nueva Mesa General de Función Pública.
Como ya hizo este año en anteriores reuniones, la Junta de Andalucía vuelve a hacer caso omiso a los últimos resultados electorales y vulnera el derecho constitucional manifestado en las urnas. Negando la convocatoria a FASPI para la constitución de la nueva Mesa General de Negociación de Función Pública, el Gobierno andaluz desvirtúa la representación manifestada por sus funcionarios públicos en un proceso democrático (Ver en prensa).
FASPI reitera que la Federación ha obtenido el apoyo mayoritario en las últimas elecciones de 2010 y 2011, cumpliendo los requerimientos de representación que la Ley establece para ser parte de dicha Mesa con todos los derechos. Por ello, la Federación evidencia que la Junta ni siquiera respeta el voto del funcionario público.
De manera inmediata, FASPI está trabajando en llevar a cabo las medidas legales oportunas desde todas las vías posibles.
Desde FASPI se han presentado con anterioridad diversos escritos solicitando la suspensión de las reuniones celebradas. El silencio ha sido la respuesta de la Junta de Andalucía a las denuncias de la Federación. Es más, representantes de FASPI se han presentado en el lugar de celebración de las últimas Mesas Generales, negándoles el acceso a las mismas.
La Federación Andaluza agrava que la Junta de Andalucía vulnera, entre otros, el Derecho a la Libertad sindical, consagrado en la Constitución Española, y el derecho a la negociación colectiva reconocido especialmente a las organizaciones sindicales como garantes de una efectiva negociación de las condiciones que afecten a sus representados.
El Gobierno andaluz muestra un respeto nulo hacia la voz y el voto de sus propios trabajadores y, por ende, de sus representantes. Más aún cuando entre los temas a negociar se encuentran el mayor recorte social y económico sufrido por los funcionarios públicos en Andalucía, siendo un asunto de vital importancia en el desarrollo de la Función Pública y del personal al que estos sindicatos representan.
Este nuevo atropello a los derechos de los funcionarios tiene especial gravedad cuando, precisamente, los sindicatos vetados son los que arrasaron en los últimos comicios celebrados entre 2010 y 2011, y, además, son las organizaciones sindicales más beligerantes y críticas contra los recortes y el tijeretazo.
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