Nuestro Sindicato evidencia la preocupante falta de personal funcionario en los Servicios provinciales de Protección de Menores, que se agrava con la inclusión de personal laboral no cualificado y extracomunitario de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía presentó un escrito, denunciando las irregularidades existentes en los Servicios provinciales de Protección de Menores, ante el Defensor del Pueblo andaluz y ante el Defensor del Pueblo español, al que ambos han respondido que estudiarán el caso. Es más, tanto el Defensor del Pueblo Andaluz como el Defensor del Pueblo español nos han ratificado que ya están tomando cartas en el asunto. (Ver Escrito de nuestro Sindicato).
NUESTRO SINDICATO advierte que los Servicios de Protección de Menores, pertenecientes a las distintas Delegaciones Provinciales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, soportan un problema que se ha ido convirtiendo en estructural y que se resume básicamente en la carencia de personal funcionario y en el escaso porcentaje de cobertura de los puestos de trabajo de este sector. Así los puestos base, para los que se requiere una titulación específica y pertenecer como funcionario al Cuerpo, especialidad u opción correspondiente, están cubiertos poco más del 50% de ellos. Es más, en los puestos denominados de estructura o de mayor cualificación y responsabilidad en la materia este porcentaje supera escasamente el 20%.
La situación empeora cuando, como sucede en la actualidad, la Administración, a través de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales, contrata a personal laboral que realiza su labor formando parte de Unidades Tutelares o actuando con carácter independiente y realizando FUNCIONES PROPIAS RESERVADAS EN EXCLUSIVA por Ley a los funcionarios de las distintas Delegaciones de la Consejería. Estos funcionarios pertenecientes a Cuerpos Específicos, a los que han accedido mediante la superación de los correspondientes procesos selectivos, han de ocupar los puestos de trabajo de estructura pertinentes mediante concursos de méritos, teniendo que cumplir ciertos REQUISITOS INEXCUSABLES como poseer titulaciones universitarias (Derecho, Psicología, o Trabajo Social), además de tener que contar con dos años de experiencia en las áreas funcionales de dichos puestos.
Pero aún hay más. El personal laboral de la Fundación contratado NO ESTÁ CUALIFICADO en su mayoría y carecen de las titulaciones requeridas y de la formación adecuada para atender estos casos tan delicados. Esto supone la posibilidad de poner en peligro la integridad de los propios menores que van a ser "asesorados" por personal carente de experiencia y, por ende, sin los conocimientos necesarios. Nuestro Sindicato pide, COMO SIEMPRE, que las funciones desempeñadas irregular e ilegalmente por personal laboral sin cualificación, deben verse reflejadas en los respectivos puestos de trabajo en la RPT, que, por tanto, han de ser dotados y cubiertos por funcionarios, mediante procedimientos que garanticen el absoluto respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a los mismos y que tengan los requisitos exigidos para el correcto desempeño de unos puestos destinados, nada más y nada menos, a la protección de menores.
A esta nefasta política de personal de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social hay que añadir que no se cubren los puestos de las RPTs en unos MÍNIMOS ACEPTABLES, lo que perjudica gravemente a toda Andalucía, donde en una sola provincia puede haber miles de casos sin cerrar, lo que significa miles de menores desprotegidos que requieren una RESPUESTA ÁGIL Y ESPECIALIZADA de la Administración.
En este contexto es imposible asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los menores, tal y como OBLIGA NUESTRA CONSTITUCIÓN a los Poderes Públicos (Capítulo III del Título I). Esta preocupación por dotar al menor de un adecuado marco jurídico de protección trasciende también de diversos Tratados Internacionales ratificados en los últimos años por España y, muy especialmente, de la Convención de Derechos del Niño, de Naciones Unidas. Por ello, desde el Sindicato recordamos que los Servicios provinciales de Protección de Menores tienen encomendadas por ley la importante tarea de valorar las situaciones de maltrato y desatención de los menores y proponer las medidas de protección que prevé nuestro ordenamiento jurídico, para lo cual debe disponer de una serie de profesionales de distintas disciplinas con la SUFICIENTE CUALIFICACIÓN, FORMACIÓN Y EXPERIENCIA para dicha tarea tan especializada, y así CUMPLIR LA LEY Y GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE NUESTROS MENORES. Estos profesionales, por expresa reserva legal, han de ser funcionarios y no personal laboral o personal laboral de Fundaciones de la propia Consejería.
