Sra. presidenta, sras. y sres. diputados, queremos manifestarles nuestro agradecimiento por la oportunidad de transmitir a esta comisión, los razonamientos que sobre el Decreto-Ley 1/2012, exponemos a continuación.

Como han manifestado anteriormente mis compañeros estas medidas de recortes van en detrimento de la calidad de los servicios que prestamos a la sociedad y, por ende, al bienestar social de los andaluces.

Pero es más, la medida seguida por el Gobierno bipartito de la Junta de Andalucía para la aprobación de la reducción de déficit público impuesto por el Gobierno de la nación, y señalado por el Gobierno de la Junta de Andalucía, nos parece:

- Arbitraria e impuesta.- No se ha negociado con sus legítimos representantes surgidos de las últimas elecciones sindicales.
- Injusta y discriminatoria.- El peso del ajuste presupuestario recae mayoritariamente sobre las nóminas de los funcionarios públicos y personal laboral de la Junta de Andalucía.
- Ilegal.- Por vulnerar derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Con estos tres terribles pilares el Gobierno de la Junta de Andalucía ha culminado su obra de dar amparo a la Administración Paralela, integrando con calzador lo privado en lo público.

Ya en su día, en esta misma institución, denunciamos estos gravísimos hechos con los que el Gobierno andaluz pretendía dar legalidad a lo que jueces y tribunales en recientes y numerosos autos y sentencias han determinado que son, cuanto menos, ilegales. Ahora el Gobierno de la Junta de Andalucía se encuentra en la encrucijada de buscar excusas para mantener a un colectivo privado que ni tan siquiera tienen la consideración de empleados públicos. Empresas privadas, reconvertidas en Agencias con participación de capital público, que realizan una competencia desleal al tejido empresarial generador de empleo, y cuyos trabajadores no han superado pruebas de acceso de ningún tipo, ni mucho menos han respetado los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad.

Del informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía y del Inventario del Plan Económico Financiero 2012-2014 se deduce que la Junta de Andalucía gasta 3.321,52 millones de euros al año en soportar su Administración Paralela. Dos años después de poner en marcha la reordenación del sector público, se mantienen 99 agencias, fundaciones y entramados de entes instrumentales.

Este entramado privado arrastra unas deudas totales de 4.941 millones de euros al acabar el año 2010.

Tras la Ley del Enchufismo, la Administración Paralela experimenta incluso un incremento en su financiación con respecto al ejercicio anterior del 46%, es decir 2.360 millones. Incluso la financiación de estas empresas se verá incrementada después de aplicar el plan de ahorro. Porque a fin y a la postre a este Gobierno no le interesa una plantilla de funcionarios veladores del derecho y el procedimiento administrativo, sino más bien, unos serviles cumplidores de sus pretensiones políticas, aunque éstas contradigan la norma y el estado de derecho. He aquí el dilema.

Son momentos de crisis y de ello somos muy conscientes, pero nosotros no somos responsables de las actuaciones que la han provocado, y ahora el Gobierno de la Junta de Andalucía carga sobre los ciudadanos, funcionarios públicos y personal laboral, el peso íntegro de su mala dirección y nefasta gestión.

Además, con la malévola intención de convertirnos en los insolidarios de la situación, cuando nuestras nóminas serán las fuentes de financiación que salven su nefasta gestión.

Insolidarios son aquellos que salvaguardan todas y cada una de las partidas presupuestarias destinadas a sostener la privatización del sector público, el insostenible número de cargos electos, altos cargos políticos directivos y los privilegios de estos y del personal asentado alrededor de ellos. Insolidarios son quienes permiten y continúan cargando a las arcas públicas, situaciones insostenibles en el presupuesto de la comunidad, cuando la situación es tan difícil.

Es importante señalar, por tanto, las desorbitadas cifras de dinero que suponen las duplicidades de trabajadores de esta Administración Paralela, que incluyen nóminas similares o superiores a las del propio presidente de la comunidad; los suntuosos gastos en protocolos, subvenciones, telefonía, coches y alquileres; o el caso de las cesantías de ciertos colectivos que, a través de un número ínfimo de años de servicios prestados, obtienen una considerable recompensa económica al cesar en sus funciones.

Precisamente hace unos días, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, respondió a la polémica suscitada por el derroche de dinero público que supone la Administración Paralela, argumentando que se ha creado una "leyenda" que no responde a la realidad.

Una de las grandes asignaturas pendientes de la Junta de Andalucía es la transparencia. El Sindicato Andaluz de Funcionarios invita al Gobierno y a la Administración, y más aún tras las declaraciones de la consejera de Hacienda, a mostrar los datos reales de todos los asuntos aquí tratados y demostrar así que no son tales.

Pero mucho nos tememos que este Gobierno continuará incumpliendo los principios básicos de una negociación de buena fe y atropellando los derechos adquiridos legalmente por los trabajadores públicos. Por ello, hemos interpuesto el correspondiente recurso de amparo por derechos fundamentales.

Mientras tanto, queremos hacer llegar a esta Cámara que los colectivos más afectados por este Decreto-Ley no estamos dispuestos a hacer sacrificios para que otros mantengan su estatus, como si la solidaridad no fuera con ellos.

Y para terminar, les queremos transmitir un mensaje de emergencia que está por encima de las cuestiones puramente económicas aquí tratadas y nos es otro, que nos devuelvan el trabajo usurpado por la Administración Paralela, porque con ello, nos devuelven la dignidad de ser funcionarios públicos.

Muchas gracias.

Descargar comparecencia (versión PDF).

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