El SAF responde al consejero de Administración Pública: el propio borrador de la Junta ordena evaluar el trabajo realizado, no la forma de prestarlo, y la AEAT demuestra que dos días a distancia son compatibles con objetivos, productividad y control.
El consejero condiciona el segundo día de teletrabajo
El Sindicato Andaluz de Funcionarios rechaza las declaraciones del consejero de Administración Pública, en las que supedita la ampliación del teletrabajo a dos jornadas semanales a la previa implantación de la evaluación del desempeño, y afirma que la Junta debe saber «controlar la actividad que se hace en remoto» para evitar que cada funcionario haga «lo que quiera».
No es la primera vez que el consejero ataca al personal funcionario a cuenta del teletrabajo. El pasado año nos acusó de «confundir teletrabajo con vacaciones» y posteriormente amenazó con eliminar pantallas y teclados en los centros de trabajo cuando tuvo que ceder y aceptar el segundo día de teletrabajo en el proyecto de decreto. La formulación elegida ahora vuelve a proyectar sobre el personal funcionario la sospecha de que, cuando trabaja a distancia, puede dejar de cumplir sus obligaciones si no se refuerza su vigilancia.
Empleando un argumento populista, ha invocado ante los medios de comunicación la responsabilidad de controlar el gasto público para restringir el teletrabajo del personal funcionario. Unas manifestaciones que no resultan coherentes procediendo de un dirigente político que pertenece al Gobierno que más ha politizado la Administración, elevando hasta límites nunca alcanzados los nombramientos de puestos de libre designación y, con ello, la partida asociada al gasto de personal.
El SAF defiende una evaluación objetiva, transparente y adaptada a las funciones de cada puesto. Lo que resulta inadmisible es utilizarla como coartada para retrasar el teletrabajo.
El propio borrador de la Junta desmiente al consejero
Las funciones, tareas, plazos y resultados corresponden al puesto de trabajo durante todo el periodo de referencia. No existen unos objetivos para los días presenciales y otros distintos para los días a distancia. La obligación de tramitar expedientes, atender a la ciudadanía, cumplir la jornada y alcanzar resultados existe los cinco días de la semana. Por eso, pasar de una a dos jornadas de teletrabajo no altera el objeto de la evaluación ni convierte en inservibles los mecanismos de seguimiento ya existentes.
La exposición de motivos del borrador oficial afirma que debe evaluarse «el trabajo realizado, más que la forma de realizarlo», atendiendo a la calidad y al cumplimiento de los plazos. El artículo 12 se refiere, además, a los objetivos y metas del puesto. La conclusión es sencilla: se evalúa el trabajo, no la silla ocupada.
También resulta revelador el colectivo al que se dirige el mensaje. El artículo 2 del proyecto incluye en su ámbito al personal funcionario y laboral de la Administración general, al personal contratado por las entidades instrumentales y, con sus reglas específicas, a otros sectores. Sin embargo, cuando el consejero habla de vigilancia, control y posible incumplimiento, señala expresamente a los «funcionarios». Sin atribuirle una intención no declarada, el efecto objetivo de esa elección es claro: concentra sobre el personal funcionario el prejuicio de que necesita un control especial cuando trabaja a distancia.
Quince meses de tramitación no caben en «un mes»
El consejero afirma que es «administrativamente imposible» aprobar el decreto en un mes. Pero nadie le está pidiendo que lo tramite en un mes.
El procedimiento comenzó oficialmente el 30 de abril de 2025 y el proyecto fue sometido a información pública en mayo de ese año. Han transcurrido más de quince meses. Por tanto, no estamos ante la imposibilidad de aprobarlo durante septiembre, sino ante la incapacidad de culminar una regulación que lleva en tramitación desde la primavera de 2025. Reducir ahora todo ese retraso a «un mes» es una cortina de humo para no asumir responsabilidades.
La AEAT ya lo hace: dos días con objetivos, productividad y control
La Agencia Estatal de Administración Tributaria supone para la mayor parte de la ciudadanía un modelo de excelencia en la prestación del servicio público y ofrece un contraejemplo directo. En los puestos compatibles viene permitiendo dos jornadas semanales de trabajo a distancia y su Instrucción 6/2026 mantiene ese máximo. Esas dos jornadas no se han condicionado a implantar previamente para todo el personal funcionario un sistema general de evaluación del desempeño como el que ahora invoca la Junta.
El control ordinario de la AEAT se articula mediante planificación anual, objetivos y productividad. Su Plan de Objetivos 2026 fija actuaciones, indicadores y resultados; y la Instrucción 01/2026 sobre productividad baremada valora el cumplimiento, la calidad y la efectividad de dependencias, equipos y unidades. Esas reglas no separan el rendimiento presencial del remoto: miden el trabajo y los resultados del periodo.
La propia AEAT ha explicado oficialmente que el complemento de productividad se abona a sus funcionarios según su participación en los resultados u objetivos asignados a la organización y por su contribución, junto con el resto de sus compañeros, a los objetivos anuales. Se retribuye el conjunto de actuaciones y actividades laborales, no una actuación aislada ni, mucho menos, según el lugar desde el que se haya trabajado cada día. Además, la AEAT confirma que sus procesos de registro y control de accesos operan de igual forma durante el teletrabajo.
Sin la circular transitoria que forzó el SAF, hoy estaríamos peor
Este retraso tiene una consecuencia directa para el personal: mientras no se apruebe el decreto, el marco aplicable es el que fijó la circular transitoria de teletrabajo, arrancada por el SAF junto a otras organizaciones tras meses de negociación. Sin ese acuerdo, hoy seguiríamos bajo un régimen desigual y arbitrario, aplicado de forma distinta en cada consejería y sin garantías frente a denegaciones o revocaciones.
Gracias a esa circular, el día semanal de teletrabajo se conserva aunque coincida con vacaciones, permisos o festivos y puede trasladarse a otra jornada cuando no sea posible disfrutarlo; la antigüedad exigible se reduce a dos meses para quien ya ocupó puestos similares; la resolución opera con silencio administrativo positivo; las causas de denegación quedan tasadas; y se garantiza audiencia previa de diez días hábiles antes de cualquier revocación, además de la prohibición expresa de la vigilancia desproporcionada.
De no haber forzado el SAF la negociación y aprobación de esa circular transitoria, el retraso del decreto nos habría dejado hoy en una situación claramente peor.
Lo que exige el SAF
- Que el consejero rectifique públicamente y deje claro que el personal funcionario que teletrabaja cumple las mismas funciones, obligaciones y responsabilidades que cuando presta servicio presencialmente.
- Que se desvincule de forma inmediata la ampliación a dos jornadas de teletrabajo de la implantación previa de un sistema general de evaluación del desempeño.
- Que se culmine sin más demora la tramitación de un decreto iniciado en abril de 2025, con el segundo día de teletrabajo incorporado.
- Que, si existe una carencia de organización, definición de objetivos o dirección, la corrija la Junta, en lugar de proyectarla sobre la profesionalidad de sus funcionarios.
El SAF no cuestiona la planificación, el seguimiento ni la evaluación objetiva del trabajo. Cuestiona que se utilicen como excusa para retrasar una mejora ya anunciada y que se convierta al personal funcionario en sospechoso por defecto. Andalucía necesita medios, objetivos claros y una dirección moderna, no discursos de sospecha ni un presencialismo utilizado como falsa garantía de productividad.
Desconfiar del personal funcionario por trabajar a distancia mientras, por ejemplo, se admite que los responsables políticos y los puestos de su confianza desarrollen la mayor parte de su actividad fuera de sus despachos introduce un doble rasero de imposible justificación. Le recordamos al consejero que la correcta gestión del dinero público no depende del lugar desde el que se trabaja, sino de la profesionalidad con que se presta el servicio.
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