1.- En el día de hoy se ha celebrado una Mesa Sectorial extraordinaria a solicitud de la totalidad de los sindicatos tras no responder la Administración en mesas al escrito de solicitud conjunta presentado hace dos meses.
La reunión se ha iniciado con un turno de palabra en el que cada sindicato ha desgranado todos y cada unos de los argumentos que nos han llevado a ser un colectivo discriminado dentro de la Junta de Andalucía, siendo el único que no ha visto actualizadas sus retribuciones desde hace 22 años en lo que respecta a la Junta de Andalucía.
El SGAP toma la palabra y niega que se haya subido el sueldo a otros colectivos. Habla de supuestas falacias en nuestra solicitud:
- Ha habido modificaciones de RPT en las que se ha actualizado los complementos específicos de muchos puestos.
- La subida que se atribuye al Consejo de Gobierno no es cierta: Al Presidente Moreno “sólo” se le ha subido el sueldo 10,01% entre 2010 y 20124.
- Cita el acuerdo siglo XXI firmado por UGT y CCOO y considera que con eso ya están aceptando que con eso es suficiente.
- SAS: No ha habido una subida generalizada. La subida se ha dedicado al incremento de plantilla y aquilatar las guardias.
- Cita un estudio de CSIF según el cual los complementos específicos de nuestro sector estarían por encima de la media.
Por otro lado el SGAP argumenta que las posibles subidas están supeditados a la Ley de Presupuestos. Según él ni siquiera pueden hacer una solicitud a Hacienda para poder negociar por no cumplirse los requisitos.
Dice el SGAP que a los sindicatos nos queda “mucho trabajo que hacer para iniciar un proceso de negociación solido”. Nos pide que justifiquemos con estudios técnicos lo que solicitamos.
Desde el SAF consideramos que no es necesaria otra argumentación técnica que la diferencia entre las subidas de IPC y los mínimos aumentos de sueldo que dejan a las claras la pérdida de poder adquisitivo, que sí se ha corregido al menos parcialmente en otros sectores de la Junta de Andalucía.
Desconocemos en qué se basa el SGAP para tratar de negar la subida del personal sanitario cuando fueron fuentes de la propia Consejería de Salud las que anunciaron lo siguiente:
“De esta forma, señalan desde el departamento que dirige Catalina García, cada empleado incluido en el convenio cobrará de media unos 60 euros cada mes. En este caso se les abonará la mejora de los meses de agosto y septiembre. Según calculan en el Ejecutivo de Juanma Moreno, la medida tendrá un coste de 46 millones de euros.”
Lo mismo ocurre con el personal docente al que se le aplicó una subida lineal diferenciada por grupos.
El SGAP cita la evaluación desempeño y carrera horizontal como posibles vehículos de aumento. Le recordamos que la LFPA contempla un incremento retributivo 0, tal y como dejó claro la anterior SGAP. Considera que cuando se negocie ese desarrollo se verá pero entiende que, salvo que se reduzcan las cantidades percibidas en concepto de niveles, esos nuevos conceptos podrían conllevar incrementos retributivos en el futuro.
El SGAP deja claro que “no van a iniciar un proceso negociador para subir un 10%”. También niega ninguna intención de devolver las pagas extras requisadas en los años de la crisis económica. Respecto a la acción social afirma que hay una limitación absoluta que impide reimplantarla.
Consideramos que la Administración debería haber traído a la Mesa alguna propuesta, no una “patada a seguir” con objetivo dilatorio que se produce meses después de tener nuestra solicitud encima de la mesa sin haber hecho nada.
Queda por tanto clara una escasa voluntad política actual de llegar a un acuerdo. Desde el SAF seguimos apostando por la acción conjunta con el resto de sindicatos. El 3 de diciembre a las 12:30 se celebrará una Junta de Portavoces para una reunión informal con el fin de analizar las posibilidades de avanzar en esta cuestión. Desde el SAF estamos a favor de cualquier iniciativa que permita avanzar hacia una actualización de retribuciones sin dejar de lado, como no podía ser de otra manera, las movilizaciones en las calles hasta que se abra un proceso de negociación formal.
2.- Respecto a la cuestión de las autorizaciones de los art. 129, desde el SAF denunciamos que se están incumpliendo la normativa al respecto. Las denegaciones, que deberían ser la excepción, son la norma. Cuando la persona solicitante está en el mismo centro de trabajo se autoriza mientras que si pertenece a otro centro directivo se deniegan de forma sistemática alegando “necesidades de servicio”.
Solicitamos una limitación temporal de las denegaciones para evitar el abuso generalizado por parte de la Administración.
Preguntamos si hay instrucciones de autorizar específicamente al personal que está accediendo a la Administración a través de los procesos de estabilización informes favorables en procedimientos de art. 129.
La Administración comunica que el proyecto de Decreto de Provisión está pendiente de informe de Gabinete Jurídico. Se espera que llegue esta semana. Una vez analizado se valorá la pertinencia de acometer alguna modificación antes de elevarlo a la Comisión de Viceconsejeros. En ese momento se abrirá negociación en Mesa Sectorial las bases del concurso abierto y permanente que se prevé que dure no más de 30 días.
Si se cumplen los plazos estimados, no más allá del primer trimestre de 2025 se espera hacer la primera convocatoria de concurso abierto y permanente. A partir de ese momento, los art. 129 pasarán a tener carácter residual.
Considera el Director General de RRHH y Función Pública que no hay ningún acuerdo ni escrito ni verbal entre órganos gestores para la denegación sistemática. No valen justificaciones estandarizadas sino adaptadas a cada caso. Más no pueden hacer. Afirma que si una persona considera que se está incumpliendo la normativa en su caso debería recurrir en vía administrativa o jurisdiccional.
Preguntamos también cómo se va a convocar un concurso abierto y permanente sin acometer las modificaciones de RPT puesto que desaparecen el grado consolidado y las áreas funcionales debido a la entrada en vigor de la LFPA. La Administración cita la transitoria sexta, considerando que hasta que se modifiquen los puestos se podrá poner en marcha en concurso abierto y permanente con las características actuales de los puestos.
La Administración reconoce que, ante la consulta de algún sindicato sobre qué solución se iba a dar a aquellas personas que acceden a través de procesos de estabilización que queden desplazadas, se respondió que, a través de la participación en art. 129, dado que son puestos base, con carácter general se autorizarían con carácter general y podrán volver a su población de origen. Anunciamos que estaremos muy atentos a que no se produzca ningún trato de favor a ningún colectivo concreto frente al resto y que, de producirse, rayaría la prevaricación.
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