Con el indudable impulso que da tener una mayoría absoluta, el pasado 7 de septiembre el Consejo de Gobierno aprobó el Proyecto de Ley de Función Pública de Andalucía que además se tramitará por el procedimiento de urgencia. Nuestra posición la hemos dejado clara en numerosas ocasiones: con su actual redacción, es una Ley profundamente lesiva para nuestro colectivo y el conjunto de la ciudadanía andaluza por cuanto va a suponer la politización de la Administración y ataca la profesionalización del funcionariado.
Esta aprobación por parte del Consejo de Gobierno viene precedida por una reunión mantenida el pasado 1 de septiembre con el nuevo Consejero del ramo, José Antonio Nieto y su nuevo, o no tan nuevo, equipo. En la misma tuvimos ocasión de argumentar nuestra posición de rechazo a los aspectos nucleares este proyecto de Ley:
Esta aprobación por parte del Consejo de Gobierno viene precedida por una reunión mantenida el pasado 1 de septiembre con el nuevo Consejero del ramo, José Antonio Nieto y su nuevo, o no tan nuevo, equipo. En la misma tuvimos ocasión de argumentar nuestra posición de rechazo a los aspectos nucleares este proyecto de Ley:
- La falta de negociación en la elaboración del anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía con los sindicatos mayoritarios en cada uno de los sectores afectados.
- Personal Directivo politizado.
- Usurpación de potestades públicas.
- Consolidación de la Administración Paralela.
- Evaluación del desempeño politizada.
La respuesta del nuevo Consejero fue que “en el Parlamento no se va a aceptar ninguna enmienda al Proyecto de Ley”.
Pese a contar con el rechazo del sindicato más representativo en el sector de la Administración General de la Junta de Andalucía y de sindicatos con muy alta representatividad en otros sectores (STAJ, SMA, SAE, SATSE, ANPE, etc.) el Gobierno andaluz ha puesto en marcha en los últimos días su maquinaria mediática para vender a la opinión pública las supuestas bondades de este Proyecto de Ley. Como parte de su estrategia de comunicación no podía faltar una buena dosis de populismo punitivo antifuncionarial:
Todo un clásico azuzar a las masas contra nuestro colectivo. Lo que no explica el Consejero Nieto, ni siquiera cuando se lo pregunta un periodista directamente, es cuáles serán los criterios objetivos que se van a seguir para la evaluación del desempeño y qué mecanismos se van a instaurar para que esa evaluación no se haga de forma arbitraria. Y es que el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 ya contemplaba la “evaluación del desempeño” que en nuestra Administración, cuando no se ha aplicado de forma lineal, ha venido siendo fuente de numerosos conflictos, precisamente por la subjetividad y arbitrariedad en el reparto del complemento de Productividad por parte de responsables políticos o personal directamente designado por éstos.
El Consejero Nieto se refiere al SAF como “un sindicato que está en contra de algunos aspectos del proyecto de Ley” y pregunta si “alguien cree que CSIF, CC.OO. y UGT van a apoyar una Ley de Función Pública que maltrate a los funcionarios”.
Desde el SAF, sindicato más representativo en el sector principalmente afectado por este Proyecto de Ley, le queremos responder que indudablemente SÍ.
Cuando hablamos de sindicatos que representan a personal laboral de la Junta de Andalucía y a personal propio de las Agencias Administrativas, en los que el colectivo funcionarial representa una mínima parte de su afiliación, resulta que son muy capaces de dar el visto bueno a leyes que perjudican a nuestro colectivo frente a otros.
Recientemente el Presidente Moreno Bonilla, en un ejercicio de cinismo superlativo, calificaba a este proyecto de “Ley de consenso”. ¿Cómo se puede hablar de “consenso” cuando se trata de un proyecto de ley en cuya elaboración se ha excluido deliberadamente al sindicato con mayor representatividad en el ámbito funcionarial de la Junta de Andalucía y que cuenta con el rechazo frontal de los principales sindicatos de cada sector de la Junta de Andalucía? Desde el SAF preferimos llamarla la "Ley de la Vergüenza". Nos parece un nombre mucho más descriptivo y ajustado a la realidad para una Ley que servirá entre otras cosas para atacar la independencia funcionarial y para consolidar el empleo de las redes clientelares de anteriores gobiernos.
Desde el SAF anunciamos próximas movilizaciones en coordinación con otras organizaciones sindicales. Hacemos un llamamiento a todo el funcionariado de la Junta de Andalucía y al conjunto de la ciudadanía andaluza a participar en las mismas, en defensa de una Administración profesional e imparcial al servicio de los intereses generales.
Pese a contar con el rechazo del sindicato más representativo en el sector de la Administración General de la Junta de Andalucía y de sindicatos con muy alta representatividad en otros sectores (STAJ, SMA, SAE, SATSE, ANPE, etc.) el Gobierno andaluz ha puesto en marcha en los últimos días su maquinaria mediática para vender a la opinión pública las supuestas bondades de este Proyecto de Ley. Como parte de su estrategia de comunicación no podía faltar una buena dosis de populismo punitivo antifuncionarial:
Todo un clásico azuzar a las masas contra nuestro colectivo. Lo que no explica el Consejero Nieto, ni siquiera cuando se lo pregunta un periodista directamente, es cuáles serán los criterios objetivos que se van a seguir para la evaluación del desempeño y qué mecanismos se van a instaurar para que esa evaluación no se haga de forma arbitraria. Y es que el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 ya contemplaba la “evaluación del desempeño” que en nuestra Administración, cuando no se ha aplicado de forma lineal, ha venido siendo fuente de numerosos conflictos, precisamente por la subjetividad y arbitrariedad en el reparto del complemento de Productividad por parte de responsables políticos o personal directamente designado por éstos.
El Consejero Nieto se refiere al SAF como “un sindicato que está en contra de algunos aspectos del proyecto de Ley” y pregunta si “alguien cree que CSIF, CC.OO. y UGT van a apoyar una Ley de Función Pública que maltrate a los funcionarios”.
Desde el SAF, sindicato más representativo en el sector principalmente afectado por este Proyecto de Ley, le queremos responder que indudablemente SÍ.
Cuando hablamos de sindicatos que representan a personal laboral de la Junta de Andalucía y a personal propio de las Agencias Administrativas, en los que el colectivo funcionarial representa una mínima parte de su afiliación, resulta que son muy capaces de dar el visto bueno a leyes que perjudican a nuestro colectivo frente a otros.
Recientemente el Presidente Moreno Bonilla, en un ejercicio de cinismo superlativo, calificaba a este proyecto de “Ley de consenso”. ¿Cómo se puede hablar de “consenso” cuando se trata de un proyecto de ley en cuya elaboración se ha excluido deliberadamente al sindicato con mayor representatividad en el ámbito funcionarial de la Junta de Andalucía y que cuenta con el rechazo frontal de los principales sindicatos de cada sector de la Junta de Andalucía? Desde el SAF preferimos llamarla la "Ley de la Vergüenza". Nos parece un nombre mucho más descriptivo y ajustado a la realidad para una Ley que servirá entre otras cosas para atacar la independencia funcionarial y para consolidar el empleo de las redes clientelares de anteriores gobiernos.
Desde el SAF anunciamos próximas movilizaciones en coordinación con otras organizaciones sindicales. Hacemos un llamamiento a todo el funcionariado de la Junta de Andalucía y al conjunto de la ciudadanía andaluza a participar en las mismas, en defensa de una Administración profesional e imparcial al servicio de los intereses generales.
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