Como consecuencia de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla, de 15 de septiembre de 2016, por recurso del SINDICATO ANDALUZ DE FUNCIONARIOS, confirmada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se anula la Orden de 27 de diciembre de 2011, por la que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a varias Consejerías en relación a puestos de AT de Prevención.
En el BOJA de hoy, día 13 de mayo de 2021, POR FIN se procede a la modificación de la RPT, adscribiendo nuevamente a los Centros de Prevención de Riesgos Laborales los puestos de trabajo y las plazas que fueron objeto de redistribución y el personal funcionario que actualmente los desempeña. (Ver disposición)
Recordemos que el recurso del SINDICATO ANDALUZ DE FUNCIONARIOS fue consecuencia de la falta de negociación de las modificación de RPT en Mesa Sectorial (una más, recordemos también la relacionada con los Estatutos de la Agencia Tributaria de Andalucía) y que tanto el Juzgado como el TSJA coincidieron en que, al afectar la modificación de las condiciones de trabajo de personal funcionario debían ser objeto de negociación, hecho éste que no ocurrió al usar la Mesa Sectorial cómo una mera Mesa Informativa.
En el propio ACTA que constaba en el expediente administrativo, y que se incluye en los fundamentos de derecho de la SENTENCIA del TSJA, se citaba que:
“La Secretaría General Técnica da la bienvenida a los presentes. Seguidamente, comunica que el motivo de la presente convocatoria es informar a la representación del personal de la modificación de la RPT, conforme a lo previsto en la disposición transitoria única del Decreto 304/2011 y que afecta a los puestos de trabajo desempeñados por técnicos adscritos a las áreas de prevención técnica de los diversos Centros de Prevención de riesgos Laborales”
Desde el SINDICATO ANDALUZ DE FUNCIONARIOS seguiremos trabajando para que todo acto o disposición que afecte a las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía sea objeto de una AUTÉNTICA NEGOCIACIÓN en Mesa Sectorial y con ello evitar las constantes mermas en las condiciones de trabajo y las crónicas desdotaciones de puestos; el aumento de la creación de puestos de trabajo por libre designación y el que su provisión sea por concurso de méritos; se acabe con la sustracción de materias del personal funcionario por parte de la Mesa General (conformada en su mayoría por la representación del personal laboral); en definitiva, porque exista una AUTÉNTICA NEGOCIACIÓN y que cese la actitud de desprecio por parte de los gobiernos autonómicos (del color que sean) hacia el SAF, la organización sindical con representación mayoritaria del personal funcionario de Administración General de la Junta de Andalucía, ya que ese desprecio no es ni más ni menos, que un desprecio hacia el personal funcionario al que representamos.
Recordamos en este punto aquello que el Art. 83 del anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía pretende legislar en relación al Proceso Negociador, algo tan denostado a lo largo de estos años (independientemente del color de la administración que nos gobierna) y que se nos antoja imposible de conseguir, dados los antecedentes:
“Artículo 83. Proceso negociador.
En el BOJA de hoy, día 13 de mayo de 2021, POR FIN se procede a la modificación de la RPT, adscribiendo nuevamente a los Centros de Prevención de Riesgos Laborales los puestos de trabajo y las plazas que fueron objeto de redistribución y el personal funcionario que actualmente los desempeña. (Ver disposición)
Recordemos que el recurso del SINDICATO ANDALUZ DE FUNCIONARIOS fue consecuencia de la falta de negociación de las modificación de RPT en Mesa Sectorial (una más, recordemos también la relacionada con los Estatutos de la Agencia Tributaria de Andalucía) y que tanto el Juzgado como el TSJA coincidieron en que, al afectar la modificación de las condiciones de trabajo de personal funcionario debían ser objeto de negociación, hecho éste que no ocurrió al usar la Mesa Sectorial cómo una mera Mesa Informativa.
En el propio ACTA que constaba en el expediente administrativo, y que se incluye en los fundamentos de derecho de la SENTENCIA del TSJA, se citaba que:
“La Secretaría General Técnica da la bienvenida a los presentes. Seguidamente, comunica que el motivo de la presente convocatoria es informar a la representación del personal de la modificación de la RPT, conforme a lo previsto en la disposición transitoria única del Decreto 304/2011 y que afecta a los puestos de trabajo desempeñados por técnicos adscritos a las áreas de prevención técnica de los diversos Centros de Prevención de riesgos Laborales”
Desde el SINDICATO ANDALUZ DE FUNCIONARIOS seguiremos trabajando para que todo acto o disposición que afecte a las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía sea objeto de una AUTÉNTICA NEGOCIACIÓN en Mesa Sectorial y con ello evitar las constantes mermas en las condiciones de trabajo y las crónicas desdotaciones de puestos; el aumento de la creación de puestos de trabajo por libre designación y el que su provisión sea por concurso de méritos; se acabe con la sustracción de materias del personal funcionario por parte de la Mesa General (conformada en su mayoría por la representación del personal laboral); en definitiva, porque exista una AUTÉNTICA NEGOCIACIÓN y que cese la actitud de desprecio por parte de los gobiernos autonómicos (del color que sean) hacia el SAF, la organización sindical con representación mayoritaria del personal funcionario de Administración General de la Junta de Andalucía, ya que ese desprecio no es ni más ni menos, que un desprecio hacia el personal funcionario al que representamos.
Recordamos en este punto aquello que el Art. 83 del anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía pretende legislar en relación al Proceso Negociador, algo tan denostado a lo largo de estos años (independientemente del color de la administración que nos gobierna) y que se nos antoja imposible de conseguir, dados los antecedentes:
“Artículo 83. Proceso negociador.
1.- Las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley están obligadas a negociar sobre todas las materias que determina la normativa estatal de carácter básico. A estos efectos, se entiende por negociación el intento de buena fe de llegar a un acuerdo entre la Administración y la representación sindical del personal, velando siempre por la satisfacción del interés general y el buen funcionamiento de los servicios públicos, y con sujeción a los límites económico-financieros y presupuestarios.
2.- La Administración y la representación sindical colaborarán activamente en el proceso negociador, proporcionándose mutuamente la información que sea necesaria para estos fines, actuando con lealtad recíproca y procurando soluciones basadas en el consenso y la corresponsabilidad.
3.- El proceso de negociación se abrirá en cada Mesa en la fecha que, de común acuerdo, fijen la Administración correspondiente y la mayoría de la representación sindical. A falta de acuerdo, el proceso se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan.
4.- …………”
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