El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha dirigido un escrito al Presidente de la Junta de Andalucía en el que le insta al cese urgente de las responsables de Función Pública en Andalucía ante el cariz que están tomando los acontecimientos en relación con el sector público.
En el escrito, se han enumerado y explicado desde el SAF las razones que son determinantes en la evaluación de la gestión que se realiza desde la Función Pública de la Junta de Andalucía, y de la que remarcamos la incompetencia y falta de liderazgo a lo largo de los dos últimos años, periodo coincidente con el cambio de gobierno en Andalucía.
Entre los argumentos que se dan dado desde el SAF al Presidente de la Junta de Andalucía se encuentran las caóticas convocatorias de personal interino en base a mandar un correo electrónico y ser los primeros en hacerlo (Convocatorias Express), excluyendo embarazadas y otros colectivos perfectamente definidos.
Las sentencias (que superan la docena hasta este momento) que los distintos tribunales están emitiendo en relación a los recursos interpuestos por el SAF ente estas convocatorias, están sacando los colores a la administración, que está desbordada por sus desatinos e improvisaciones. Sentencias que tanto por el fondo, como por la forma y por el coste añadido del pago de costas, van a suponer un antes y un después en el seno de una Función Pública andaluza incapaz.
También se argumenta dentro de estas motivaciones la NO convocatoria del Concurso de méritos en los dos últimos años (cuando la normativa legal fija su convocatoria cada seis meses). Es decir, desde que el nuevo equipo de gobierno de PP-CDs ha tomado posesión y gestiona la Función Pública, no ha habido ni un solo concurso de méritos, lo que cercena la carrera administrativa de miles de funcionarios e impide el reagrupamiento familiar en aquellos casos en los que existe un destino que difiere del domicilio familiar.
Otro tema que exponemos en nuestro escrito ante el presidente de la Junta de Andalucía en la petición de cese de las responsables de Función Pública es lo inexplicable que resulta que no se haya contado con un sindicato profesional y mayoritario de funcionarios en la elaboración del anteproyecto de Ley de Función Pública andaluza.
Desde SAF consideramos que ha habido una obstrucción manifiesta en un tema capital, pues la actual Ley data de 1985, y que los representantes legales y mayoritarios de un colectivo de más de veinte mil funcionarios no formen parte de los grupos de trabajo, es considerado como un verdadero agravio, un desatino inaceptable y no achacable a las casualidades, sino más bien a la redefinición que se pretende hacer, entre otras cosas, de las potestades públicas para el blanqueamiento de personal laboral procedente a las Agencias (con dudosas o nulas pruebas de acceso a la administración en anteriores legislaturas).
Finalmente, en el escrito se exponen además un gran número de razones y motivaciones que hacen necesario el relevo de las responsables de función pública, entre las que se pueden citar la Gestión global de RRHH durante la pandemia de la COVID-19; la regulación e implantación del “teletrabajo” a golpe de Instrucciones y más instrucciones que modifican las anteriores, sin una norma reglamentaria; las modificaciones sin acuerdos de las relaciones de puestos de trabajo en las que no ha primado el sentido de la negociación por mucho que se haya vendido de otra forma; la creación desmedida e injustificada de puestos de libre designación en contra de los acuerdos iniciales de gobierno en los que abogaba por su reducción y su NO creación fuera de los niveles 29-30; la no constitución de la Mesa de Funcionarios que exige el TREBEP, etc.
Desde SAF hemos considerado que suponen unas razones de mucho peso y que ponen encima de la mesa del Presidente de la Junta de Andalucía el deseo de reconducir la Función Pública andaluza y librarla del desgobierno y la improvisación que existe actualmente, considerando que aún hoy, a mitad de legislatura, es posible un cambio por el que la imagen pública de la administración no aparezca a diario en la prensa a golpe de ocurrencia, derivando en una gestión ineficaz, incapaz e indigna para las miles de personas que integran este colectivo, y por ende al servicio que se está obligado a prestar a la ciudadanía.
SEGUIREMOS INFORMANDO
En el escrito, se han enumerado y explicado desde el SAF las razones que son determinantes en la evaluación de la gestión que se realiza desde la Función Pública de la Junta de Andalucía, y de la que remarcamos la incompetencia y falta de liderazgo a lo largo de los dos últimos años, periodo coincidente con el cambio de gobierno en Andalucía.
Entre los argumentos que se dan dado desde el SAF al Presidente de la Junta de Andalucía se encuentran las caóticas convocatorias de personal interino en base a mandar un correo electrónico y ser los primeros en hacerlo (Convocatorias Express), excluyendo embarazadas y otros colectivos perfectamente definidos.
Las sentencias (que superan la docena hasta este momento) que los distintos tribunales están emitiendo en relación a los recursos interpuestos por el SAF ente estas convocatorias, están sacando los colores a la administración, que está desbordada por sus desatinos e improvisaciones. Sentencias que tanto por el fondo, como por la forma y por el coste añadido del pago de costas, van a suponer un antes y un después en el seno de una Función Pública andaluza incapaz.
También se argumenta dentro de estas motivaciones la NO convocatoria del Concurso de méritos en los dos últimos años (cuando la normativa legal fija su convocatoria cada seis meses). Es decir, desde que el nuevo equipo de gobierno de PP-CDs ha tomado posesión y gestiona la Función Pública, no ha habido ni un solo concurso de méritos, lo que cercena la carrera administrativa de miles de funcionarios e impide el reagrupamiento familiar en aquellos casos en los que existe un destino que difiere del domicilio familiar.
Otro tema que exponemos en nuestro escrito ante el presidente de la Junta de Andalucía en la petición de cese de las responsables de Función Pública es lo inexplicable que resulta que no se haya contado con un sindicato profesional y mayoritario de funcionarios en la elaboración del anteproyecto de Ley de Función Pública andaluza.
Desde SAF consideramos que ha habido una obstrucción manifiesta en un tema capital, pues la actual Ley data de 1985, y que los representantes legales y mayoritarios de un colectivo de más de veinte mil funcionarios no formen parte de los grupos de trabajo, es considerado como un verdadero agravio, un desatino inaceptable y no achacable a las casualidades, sino más bien a la redefinición que se pretende hacer, entre otras cosas, de las potestades públicas para el blanqueamiento de personal laboral procedente a las Agencias (con dudosas o nulas pruebas de acceso a la administración en anteriores legislaturas).
Finalmente, en el escrito se exponen además un gran número de razones y motivaciones que hacen necesario el relevo de las responsables de función pública, entre las que se pueden citar la Gestión global de RRHH durante la pandemia de la COVID-19; la regulación e implantación del “teletrabajo” a golpe de Instrucciones y más instrucciones que modifican las anteriores, sin una norma reglamentaria; las modificaciones sin acuerdos de las relaciones de puestos de trabajo en las que no ha primado el sentido de la negociación por mucho que se haya vendido de otra forma; la creación desmedida e injustificada de puestos de libre designación en contra de los acuerdos iniciales de gobierno en los que abogaba por su reducción y su NO creación fuera de los niveles 29-30; la no constitución de la Mesa de Funcionarios que exige el TREBEP, etc.
Desde SAF hemos considerado que suponen unas razones de mucho peso y que ponen encima de la mesa del Presidente de la Junta de Andalucía el deseo de reconducir la Función Pública andaluza y librarla del desgobierno y la improvisación que existe actualmente, considerando que aún hoy, a mitad de legislatura, es posible un cambio por el que la imagen pública de la administración no aparezca a diario en la prensa a golpe de ocurrencia, derivando en una gestión ineficaz, incapaz e indigna para las miles de personas que integran este colectivo, y por ende al servicio que se está obligado a prestar a la ciudadanía.
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