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SAF denuncia posibles coacciones y extralimitación de funciones en la Ciudad de la Justicia de Málaga durante la huelga general

El sindicato exige explicaciones sobre los controles extraordinarios impuestos al personal funcionario de Administración General y advierte de las posibles responsabilidades disciplinarias si se acredita una vulneración del derecho fundamental de huelga.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) de Málaga ha tenido conocimiento de unas actuaciones especialmente preocupantes que se habrían producido el pasado 11 de noviembre, coincidiendo con la convocatoria de huelga general, y que afectan al personal funcionario de Administración General de la Junta de Andalucía destinado en la Ciudad de la Justicia de Málaga.

Según la información recibida por esta organización sindical, el Coordinador de la Ciudad de la Justicia de Málaga habría exigido a dichos funcionarios que se personaran en su despacho a las 9:00 horas para someterse a un control de presencia y que, adicionalmente, remitieran un correo electrónico a una hora determinada.

Lo más preocupante es que estas exigencias habrían estado acompañadas de la advertencia de que quienes no cumplieran tales instrucciones serían considerados participantes en la huelga, con las posibles consecuencias retributivas que ello pudiera comportar.

¿Quién ha autorizado estos controles y con qué competencias?

Desde el SAF queremos recordar que el personal funcionario de Administración General afectado depende de los órganos competentes de la Delegación Territorial, particularmente de su Secretaría General Provincial.

El hecho de ocupar el puesto de Coordinador o Gerente de la Ciudad de la Justicia no confiere automáticamente competencias de jefatura de personal sobre todos los funcionarios que prestan servicio en el edificio.

Por ello, exigimos conocer quién ordenó estos controles extraordinarios, qué órgano los autorizó y qué disposición normativa o delegación de competencias amparaba su realización.

La Administración tiene facultades legales para controlar la asistencia y comprobar las ausencias durante una jornada de huelga. Lo que resulta inadmisible es que dichas facultades puedan ejercerse al margen de las competencias atribuidas o que se considere automáticamente huelguista a quien no cumpla una exigencia extraordinaria, sin comprobar si efectivamente prestó servicios.

El derecho de huelga no puede convertirse en un instrumento de presión

El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce el derecho fundamental de huelga, cuya protección alcanza a los empleados públicos.

Además, el artículo 95.2 del Estatuto Básico del Empleado Público contempla como faltas disciplinarias muy graves tanto la obstaculización del ejercicio de las libertades públicas y los derechos sindicales como los actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

Si se acredita que las actuaciones denunciadas tuvieron por finalidad restringir o condicionar indebidamente este derecho fundamental, el SAF exigirá que se depuren las responsabilidades que legalmente correspondan.

SAF exige una investigación y la identificación de los responsables

Esta organización sindical ha preparado una actuación formal dirigida a la Secretaría General Provincial para reclamar el esclarecimiento de los hechos.

Entre otras cuestiones, el SAF exige:

  • Identificar quién impartió las instrucciones y si contaba con autorización del órgano competente.
  • Conocer el fundamento jurídico de los controles extraordinarios y obtener las instrucciones dictadas.
  • Determinar quién autorizó la advertencia de considerar huelguistas a los funcionarios que no cumplieran estas exigencias.
  • Comprobar si se han producido incidencias o deducciones retributivas derivadas de tales actuaciones.
  • Valorar la posible existencia de responsabilidades disciplinarias y dar traslado de los hechos a la Inspección General de Servicios, cuando proceda.

Asimismo, si no se facilita la documentación administrativa solicitada, el SAF utilizará los mecanismos previstos en la legislación de transparencia para obtener la información y ejercer las garantías legales de acceso.

Los derechos de los funcionarios no están a disposición de ningún responsable administrativo

Desde el SAF Málaga queremos trasladar un mensaje claro:

Ningún cargo, gerente o responsable administrativo está por encima de la ley, ni puede atribuirse competencias que no le correspondan.

El respeto a la jerarquía administrativa es compatible con la exigencia de que toda instrucción se ajuste a Derecho, especialmente cuando afecta al ejercicio de un derecho fundamental.

La Administración debe investigar estas actuaciones, ofrecer explicaciones y garantizar que no se produzcan consecuencias injustificadas para los funcionarios afectados.

SAF MÁLAGA NO VA A MIRAR HACIA OTRO LADO CUANDO ESTÉN EN JUEGO LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LAS GARANTÍAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO.

SINDICATO ANDALUZ DE FUNCIONARIOS (SAF)

UNIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

Defendemos tus derechos. Exigimos responsabilidades.

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