APROBADA LA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA DE ANDALUCÍA
Hoy a través de distintos medios de comunicación, el Gobierno nos intenta vender esta Ley como "un instrumento de modernización para lograr un empleo público de calidad, cualificado, eficiente y comprometido con la realidad social y las exigencias y anhelos actuales, todo ello con el objetivo último de favorecer la excelencia en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía en una administración del siglo XXI".
Desde el SAF tenemos claro que hay motivos objetivos más que suficientes para ver esta Ley de forma radicalmente distinta.
La Ley de la vergüenza.
La Ley de la desprofesionalización de la función pública.
La Ley que privatiza.
La Ley que externaliza.
La Ley que otorga más potestades públicas al personal laboral.
La Ley que aumenta el control político, y decimos única y exclusivamente, político, sobre el funcionario.
Ayer representantes del resto de sindicatos acudieron a aplaudir la aprobación de la Ley y a hacerse la foto con los máximos responsables políticos de su aprobación (de hecho algunas llegaron juntas demostrando una connivencia y parcialidad bochornosas).
La Ley que busca el acceso y provisión de puestos a la función pública a través de entrevistas y memorias, atacando la igualdad, mérito y capacidad tanto en el acceso cómo en la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario.
La Ley que afectando al personal funcionario de Administración General la Administración de la Junta de Andalucía ha negociado a espaldas del SAF, sindicato mayoritario del funcionario afectado por esta Ley ¿Por qué?
Porque sabían que esta Ley era impresentable, que jamás sería aceptada por un sindicato profesional e independiente de todo intervencionismo político. Por ese motivo evitaron cualquier negociación y la llevaron allí donde sabían que sí sería aceptada: a la Mesa General donde la única representación de UGT, CCOO y CSIF, daría su visto bueno y acudirían raudos a hacerse la foto con los políticos de la Junta de Andalucía, a pesar de tener menos representatividad que el Sindicato Andaluz de Funcionarios en el ámbito del personal FUNCIONARIO.
Y todo esto con por un Gobierno del Partido Popular que cuando estaba en la oposición impugnó la Ley de Reordenación del Sector Público. Un partido que llamaba “enchufados” y denominaba “grasa administrativa” al personal de Empresas y Fundaciones públicas, como el de procedente de la FAFFE y que ahora mantiene, consolida y al que saca ofertas de empleo de estabilización a medida.
Un Ley que aumenta la cantidad de POTESTADES PÚBLICAS que pueden realizar el personal no funcionario, invadiendo y usurpando estas Potestades al personal funcionario: Es la mejor fórmula que han encontrado para que este personal no esté brazos cruzados.
Se está consolidando, por poner un ejemplo, que el control de cumplimiento de las SUBVENCIONES, tanto andaluzas como con fondos procedentes de la Unión Europea, se realice por personal externo, AJENO A LOS PROPIOS FUNCIONARIOS, sobre todo en el ámbito de la agricultura, la ganadería, la pesca y medio ambiente. ¿Acaso nuestros POLÍTICOS NO son conscientes de la gravedad de esto?
Somos 20.000 funcionarios en la ADMINISTRACIÓN GENERAL de la Junta de Andalucía, frente a más de 26.000 personas externas y 24.000 personas con la categoría de personal laboral del VI Convenio Colectivo. La suma es sencilla: tenemos una Administración andaluza de 50.000 laborales –que no pueden ejercer Potestades Públicas- frente a 20.000 funcionarios. Es necesario que se sepa, que se conozca que si una persona acude a la administración de la Junta de Andalucía, difícilmente será atendido por personal funcionario. El PERSONAL FUNCIONARIO es una especie en extinción, pero por motivos bien claros: nos quieren exterminar, les somos incómodos y con esta Ley quieren cavar nuestra tumba.
También PROMETIÓ el Partido Popular durante años mientras estaba en la oposición, terminar con la LIBRE DESIGNACIÓN. El procedimiento de provisión de puestos dentro de la Administración, para los funcionarios de cuerpos superiores, los que van a decidir sobre la tramitación de los expedientes, los de mayor responsabilidad, que están clasificados en los niveles 26 a 30. La Junta de Andalucía es la única Administración de España donde se designan estos puestos por la LIBRE DESIGNACIÓN del candidato que considere idóneo el POLÍTICO DE TURNO, mientras que en el resto de España esta designación se realiza mayoritariamente atendiendo y respetando la igualdad, el mérito y la capacidad.
Pues bien, el Partido Popular prometió que todos los puestos por debajo del nivel 30 serían ocupados a través de un concurso de méritos. Lo que ha pasado en la práctica durante los últimos 5 años y medio es que este mismo Partido Popular no ha hecho sino aumentar la Libre Designación y con esta Ley consolidan aún más esta forma de provisión y van a aumentar los PLDs, lo que parecía ya un imposible.
El Gobierno de la mentira, de las promesas incumplidas, quiere que la Administración no esté al servicio del interés general y de la ciudadanía, sino al servicio del partido político y de los intereses políticos. Los funcionarios decimos BASTA y así se lo vamos a demostrar de ahora en adelante.
Si no es suficiente el que los funcionarios que resuelven los expedientes y que tienen mayor capacidad de decisión estén sometidos en cuanto a su NOMBRAMIENTO y CESE a la discrecionalidad del político de turno, ahora introducen la EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, no para el pago de un nuevo complemento, como ha pasado en alguna otra Administración, sino para el pago de retribuciones que ya venía recibiendo el personal funcionario como es su COMPLEMENTO DE DESTINO ¿Qué buscan con esto? Sin duda, tener CONTROLADOS POLITICAMENTE a todos los funcionarios, desde el primero hasta el último. Una absoluta vergüenza, y por ello nos sentimos atacados y usurpados.
El SINDICATO ANDALUZ DE FUNCIONARIOS, como organización sindical MAYORITARIA, no está legitimado para IMPUGNAR esta Ley, pero SÍ impugnaremos toda aquella NORMATIVA DE DESARROLLO que suponga la vulneración de nuestra imparcialidad y de los principios de Igualdad, Mérito y Capacidad en el acceso y realizaremos las protestas, concentraciones y manifestaciones que sean necesarias para evitar la implementación de esta bochornosa Ley, en la que los primeros perjudicados NO LO DUDEMOS ni por un momento, no van a ser los funcionarios sino, lamentablemente, la CIUDADANÍA.
¡¡LUCHA POR TUS DERECHOS!!
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CONCENTRACIÓN - 31/05/2023 - ¡¡NO A LA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA DE ANDALUCÍA!!
Recordemos que se trata de un proyecto de ley fruto del “apartheid” al que se sometió a nuestro sindicato, excluyéndolo del grupo de trabajo para su elaboración, pese a ser el más representativo del sector.
Con la aprobación de esta Ley se consagrará un nuevo modelo de Función Pública, pasando de un modelo de Administración pública y garantista a uno clientelar, instrumental y ampliamente privatizado, a través de la usurpación de potestades públicas.
También supondrá una espaldarazo a la politización de la Administración a través de una evaluación del desempeño ejecutada por cargos políticos y la generalización de la libre designación.
No podemos quedarnos impasibles ante este ataque frontal del poder político contra los cimientos de una Administración profesional e independiente.
Por ello, coincidiendo con la sesión en la que previsiblemente la Ley será aprobada, convocamos, con carácter de urgencia, una concentración de protesta el próximo miércoles, 31 de mayo, a las 15:00 horas frente a la sede del Parlamento de Andalucía, en la C/ San Juan de la Ribera S/N.
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CONCURSO DE MÉRITOS SIN RESULTAS
Desde el SAF queremos desmontar los argumentos falaces contenido en los distintos informativos publicados.
Respecto a lo publicado por ISA:
1.-Su objetivo declarado en la Mesa Sectorial era conseguir el compromiso de la Administración de aumentar el número de plazas a ofertar al principal colectivo al que representan (“pata negras”), los cuales tendrán gracias al acuerdo, una nueva alfombra roja para acceder a la condición de personal funcionario de carrera, esta vez sin siquiera tener que aprobar una oposición. Objetivo que ISA ha cumplido por el “módico precio” de aceptar un concurso sin resultas para todo el personal funcionario de la Junta de Andalucía. Hablar de “imposición” cuando se acepta algo de manera tan gustosa nos parece cínico.
2.- La Ley de Función Pública se encuentra en trámite parlamentario y la regulación del Decreto que regule el concurso abierto y permanente todavía no se ha iniciado. Decir ahora que se convocará cada 4 meses es un brindis al sol y no tiene ninguna base real ni normativa.
Respecto a lo publicado por CSIF:
2.- Calificar de “mal menor” un concurso en el que sólo unas pocas personas que tengan muchos puntos tendrán alguna opción de obtener una plaza es distorsionar la realidad.
3.- Todas las organizaciones sindicales venimos solicitando repetidamente la convocatoria urgente de un nuevo concurso de méritos con resultas. Si ahora han aceptado renunciar a las resultas como pago para poder aumentar las plazas ofertadas a estabilización que lo digan claramente.
4.- Mientras ISA y CC.OO. tratan de convencernos de que el concurso abierto y permanente es inminente, CSIF dice que “seguirá trabajando en convocatorias de concursos a resultas mientras entra en vigor el concurso abierto y permanente”. ¿Falta poco o falta mucho? ¿En qué quedamos?
1.- De nuevo queda clara la vinculación entre los plazos de la estabilización y el hecho de que el concurso no vaya a ser a resultas. Se vuelve a confirmar que si no se hubiera priorizado adaptar a los plazos para que los interinos cesados puedan entrar sin oposición, no habría habido problema en que el concurso fuera a resultas
2.- La situación de desdotación de puestos generalizada de puestos en toda la Junta de Andalucía es de sobra conocida. Identificar el número de convocatorias de art. 30 con el número de plazas susceptibles de ser ofertadas en concurso de méritos es completamente falaz. Como ya informamos en su día, son muchísimos los puestos convocados que finalmente no se cubren porque antes de su cobertura se han desdotados las plazas. Las plazas que se pueden ofertar a concurso son muy pocas y lo saben.
3.- El colectivo de personas de reciente ingreso y “atrapadas” en otras provincias serían las principales beneficiadas de las resultas, puesto que al tener menor tiempo de antigüedad, grado consolidado, etc. difícilmente podrán optar a la adjudicación de los pocos puestos que se oferten. Las resultas era su única posibilidad real de ser adjudicatarios de una plaza. Ahora la mayoría de estas personas tendrán que esperar a una nueva convocatoria que nadie sabe cuándo se producirá para poder volver a su lugar de origen.
4.- Soluciones habría que buscar para todo el colectivo funcionarial, no sólo para los “pata negras”. El beneficio de unos pocos supondrá el perjuicio de muchos. No es demagogia sino un hecho objetivo. Demagogia es, por ejemplo, calificar de “drama humano” los ceses y recurrir a contar situaciones personales para dar pena y tratar de justificar que a ciertas personas se les regale una plaza fija.
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