Hemos sido los primeros en recurrir el polémico Decreto-Ley 5/2010 ante el TSJA y los únicos en querellarse contra el Consejo de Gobierno y en recurrir la primera Sociedad Mercantil, creada al amparo del citado Decreto-Ley, entre otras actuaciones.

dedo_sealandoEl Sindicato Andaluz de Funcionarios hace público su indignación y más absoluto rechazo ante el borrador del Acuerdo entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y sus sindicatos, en relación con el polémico Decreto-Ley 5/2010 de reordenación del sector público andaluz (Ver borrador del Acuerdo) (Ver en prensa).

Curiosamente, los sindicatos que han participado en el borrador del Acuerdo con Hacienda son los que menor representatividad tienen en el ámbito funcionarial de la Junta de Andalucía. Y parece que van a seguir preguntando y facilitando cierta información privilegiada a los mismos, así lo establecen en los artículos segundo, tercero, quinto, décimo o decimotercero del borrador: "Segundo. Los estatutos, el plan inicial de actuación y el protocolo único de integración del personal en las agencias públicas serán objeto de negociación con las organizaciones sindicales MÁS REPRESENTATIVAS FIRMANTES DE ESTE ACUERDO (...). Tercero. Cualquier medida de reordenación que plantee el Gobierno de la Junta de Andalucía en un futuro, así como las modificaciones de la Administración instrumental que sean necesarias llevar a cabo, serán objeto de consulta y negociación por las PARTES FIRMANTES DEL PRESENTE ACUERDO. (...) Quinto. Junto con el protocolo único de integración la Admón.. facilitará a las organizaciones sindicales FIRMANTES DE ESTE ACUERDO listado de efectivos reales de todas las personas afectadas por esta reordenación del sector público, así como, el mapa de puestos de trabajo susceptibles de ser integrados en las Agencias".

Es más, en el artículo décimo añaden: "En caso contrario (es decir, en el caso de que el funcionario decida no integrarse en la Agencia) permanecerá en servicio activo. El modelo de contrato y las condiciones laborales de este personal se negociarán con las organizaciones sindicales y serán recogidas en el protocolo único de integración". ¿Dónde está la garantía de preservar los derechos y la situación laboral de los funcionarios? Ante este alarde de "talante democrático", cuyo afán de escuchar sólo los susurros de una minoría y ensordecer los gritos de la mayoría deja mucho que desear, SAFJA no cesará en su empeño y continuará alzando la voz en los Tribunales contra un Decretazo impuesto, que perjudica gravemente a funcionarios, opositores y ciudadanos receptores de servicios públicos.

El problema no es la consolidación de los trabajadores de las empresas públicas, si ello tuviera lugar en esas mismas empresas como cualquier trabajador de una empresa privada, sino la manera ilegal de llevarlo a cabo y la inclusión o funcionarización de este personal, ajeno a la Función Pública, en la Administración. No podemos negociar un Decreto-Ley que vulnera los derechos fundamentales de los funcionarios y la propia legislación vigente al respecto, incluida la Constitución, el Estatuto Básico del Empleado Público, las sentencias del TSJA y el resto del ordenamiento jurídico. Un Decreto-Ley que fomenta la politización y privatización de la Administración PÚBLICA andaluza y de los propios servicios que ésta presta.

No sólo se deja la puerta abierta al traspaso de potestades públicas, pertenecientes en exclusiva y por Ley a los funcionarios, a personal laboral de las Agencias, lo que conlleva cargarse la garantía que tienen los ciudadanos en que dichas potestades se llevarán a cabo con imparcialidad e igualdad, sino que además no hay trabas a la hora de consolidar al personal ajeno a la Función Pública sin necesidad de pasar por oposiciones, como el resto de la ciudadanía que tiene que gastar dinero, tiempo y esfuerzo para poder acceder a un puesto en la Administración.

Desde SAFJA seguiremos luchando y reivindicando, como siempre, la mayor dotación de las relaciones de puestos de trabajo para, así, ofertar un mayor número de plazas en los procesos selectivos (oposiciones, concursos y promoción interna), que falta hace en tiempos de crisis. Lo que no puede pretender el Gobierno andaluz es ignorar la Ley y mermar este derecho de los ciudadanos, sean funcionarios u opositores.

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SOMOS FUNCIONARIOS COMO TÚ