SAFJA está llevando a cabo todas las acciones legales posibles, y desde todas las vías, contra el Decreto-Ley de reordenación del sector público andaluz. El Defensor del Pueblo responde a la  propuesta de nuestro Sindicato de llevar al Constitucional el Decretazo de las Agencias.

cole_agenciasEl Defensor del Pueblo Estatal está estudiando nuestra solicitud, presentada en un escrito el pasado 12 de agosto de 2010 a través del Defensor del Pueblo Andaluz, de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley 5/2010 de reordenación del sector público (Ver escrito presentado). Este escrito se presentó tras una reunión mantenida con el adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, Francisco Gutiérrez Rodríguez, que apoyó nuestra propuesta y que recientemente ha afirmado públicamente que algunas disposiciones de la reforma que plantea el Gobierno andaluz, en el Decretazo, son inconstitucionales. Gutiérrez reconoce que en la junta de coordinación pidió que "de manera clara se instara por parte de la Defensoría andaluza la intervención del Defensor del Pueblo nacional" (Ver en prensa).

María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo, nos  recuerda además que "la presentación de un escrito en el Defensor del Pueblo no suspende la ejecución de las resoluciones administrativas o judiciales, ni tampoco interrumpe los plazos legales para recurrir contra ellas si fuera procedente".

En nuestra solicitud señalamos que el polémico Decreto-Ley de reordenación del sector público andaluz es inconstitucional, ya que, afectando a los derechos de los funcionarios y demás personal al servicio de la Administración General de la Junta, no ha sido negociado previamente con las organizaciones sindicales como exige la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Además, el Gobierno andaluz invade las competencias básicas del Estado, en materia de Función Pública, puesto dichas potestades públicas de las Consejerías, Delegaciones Provinciales y Agencias Administrativas, reservadas por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en exclusiva a los funcionarios, serán entregadas a las nuevas agencias y al personal laboral adscrito a las mismas sin que hayan concurrido en condiciones igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Incluso, al estar pendiente de aprobación la Ley que desarrolle en Andalucía el EBEP, el Gobierno andaluz, posiblemente, contemplará en el ámbito de aplicación de la misma al personal de estas nuevas agencias, para, en las disposiciones transitorias de dicha Ley, establecer procesos restringidos de acceso a laboral fijo o de funcionarización.

Desde SAFJA no vamos a cesar en el empeño de defender las funciones que por Ley nos corresponden a los funcionarios, en exclusiva, y garantizar así la imparcialidad ante la Ley y la salvaguarda de los intereses generales. Continuaremos recurriendo, actuando y trabajando desde todas las vías legales a nuestro alcance para denunciar lo que supone una mayor politización de la Administración y una mayor privatización de los servicios públicos.

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