El Gobierno Andaluz falta a su palabra y funde las empresas públicas en Agencias. Esto refuerza la figura de la "Administración Paralela" en tiempos de crisis, privatizando y politizando más la Administración.
El último atropello por parte del Gobierno Andaluz a los puestos de los funcionarios es el planteado por el borrador del Decreto-Ley, por el que se aprueban Medidas Urgentes en Materia de Reordenación del Sector Público. En éste se recoge, entre otras cosas, la creación de "Agencias Administrativas", donde se integrarán las fundaciones y empresas públicas de la Junta. Con el mencionado borrador se estaría consolidando al personal ajeno a la Función Pública Andaluza, creando un marco jurídico que permite, sin ningún tipo de escrúpulos, la creación de Agencias en las que delegar la gestión de servicios públicos, que corresponden por Ley exclusivamente al personal funcionario (Ver borrador Decreto-Ley).
El borrador del Decreto-Ley crea, concretamente, ocho Agencias que funden decenas de empresas públicas, entre ellas algunas tan controvertidas como EGMASA o FAFFE (Ver cuadro anexo al final del informativo). ¿Dónde está la reducción que defendió Griñán ante la opinión pública? El Gobierno Andaluz se ha limitado a cambiar el nombre a la "Administración Paralela", a disfrazarla como "Agencias Administrativas" y a fusionar el entramado de empresas públicas. ¿Dónde está el ahorro? ¿Qué pasa con la Ley? Eso sí, el camino para la ilegal externalización de las potestades públicas es mucho más fácil. Debido a la creación de estas "Agencias Administrativas" y la absorción de las Fundaciones y Empresas Públicas existentes, ya no sería necesario que una Consejería lleve a cabo una encomienda de gestión a una Fundación o Empresa Pública, ya que estarían dentro de una Agencia, donde también se integraría el personal laboral.
Hay que recordar, una vez más, que la Ley 9/2007, de Administración de la Junta de Andalucía, establece que la naturaleza del personal adscrito a las Fundaciones es de carácter laboral y que la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), fija que "en todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos (...)". Asimismo, la Ley 9/2007 va más allá y afirma contundentemente sobre la Encomienda de Gestión a Sociedades Mercantiles y Fundaciones del Sector Público Andaluz, que "la encomienda de dichas actividades no podrá implicar, en ningún caso, la atribución de potestades, funciones o facultades sujetas a Derecho Administrativo".
¿Cómo afecta al Servicio Andaluz de Empleo (SAE)? Mediante este borrador, el SAE se configura con una Agencia de Régimen Especial, manteniendo su personal laboral y funcionarial, y a la que se une la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE). Se regirá, fundamentalmente, por Derecho Privado, por lo que tendrá vía libre para contratar todo el personal laboral que quiera.
Llegado a este punto, no debemos olvidar las continuas sentencias que SAFJA tiene a su favor contra la FAFFE por considerar que se le encomiendan funciones o potestades públicas que por Ley corresponden a funcionarios públicos (Ver más información). En este sentido, también debemos destacar un nuevo éxito histórico, junto al de SADESI (Ver Auto), ya que el Juzgado Contencioso nº 6 de Sevilla acuerda en un Auto la suspensión cautelar de encomienda de gestión del SAE a FAFFE en materia de empleo, cuyo gasto ascendía a casi un millón de euros (Ver Auto).
La jugada del Gobierno Andaluz es clara. En la Disposición adicional segunda del borrador del Decreto-Ley, se prevé el Régimen de Integración del Personal, entre cuyas reglas se señala que el personal laboral de las empresas públicas, se integrará en la nueva entidad resultante, es decir, en las nuevas Agencias. Así se pretende aglutinar a todo este entramado de empresas públicas, repletas de personal ajeno a la Administración Andaluza, en figuras más fuertes y protegidas como las Agencias. De modo que la Junta refuerza la "Administración Paralela" en perjuicio de la Función Pública.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía denuncia que esto supone una mayor politización de la Administración y mayor privatización de los servicios públicos. Desde SAFJA exigimos que se vaya amortizando la "Administración Paralela" para que, de este modo, se oferten más plazas mediante convocatorias para el acceso a la Función Pública, fomentando así el empleo de calidad, una medida absolutamente necesaria en estos tiempos de crisis.
Descargar informativo para colgar en tablón (versión PDF).
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