Tras mes y medio de espera, SAFJA denuncia la actuación del ex Viceconsejero de Justicia por la ilegalidad cometida en el traslado de casi 50 funcionarios de la Consejería de Justicia a Camas. Todo ello, sin negociación previa, sin publicación y a pesar del escrito presentado el pasado 14 de enero para revocar la orden en tres días.

consejeria_justiciaEl 14 de enero de 2010, SAFJA presenta un escrito dirigido al anterior Viceconsejero de Justicia y Administración Pública y actual Secretario General para la Administración Pública, José Antonio Ortiz Mallol, para informarle sobre la ilegalidad, y nuestra oposición explícita, de la Resolución adoptada por él mismo para trasladar el Gabinete de Relaciones Institucionales y de 5 Servicios más, adscritos a la Dirección General de Oficina Judicial, Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia: el Servicio de Cooperación con la Administración de Justicia, el Servicio de Asociaciones y Colegios Profesionales, el Servicio de Protectorado de Fundaciones de Andalucía, el Servicio de Menores Infractores y el Servicio de Medidas de Medio Abierto. Esto implica, el cambio de localización del puesto de trabajo de casi 50 funcionarios, que pasan de ubicarse en el centro de Sevilla al Polígono Vega del Rey en Camas (Ver más información al respecto).

Nuestro escrito contra una mudanza, que razonamos es ilegal, arbitraria y acelerada, no ha tenido respuesta, por lo que, como afirmamos en el mismo, desde SAFJA hemos denunciado al ex Viceconsejero de Justicia por un posible delito de prevaricación. Hemos esperado mes y medio para solventar este asunto, completamente ignorado por Mallol, a pesar de que el plazo establecido en el escrito es de tres días (Ver denuncia).

En la denuncia reiteramos las numerosas razones que hacen insostenible e irracional el traslado. La Junta de Personal de los Servicios Centrales emitió un informe en octubre de 2009 donde constaba que, de producirse el traslado, habría que tener en cuenta, entre otras cosas, que la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Consejería de Justicia se aprobara en Mesa Técnica, donde los 5 sindicatos con representación en la misma mostramos nuestro desacuerdo, y en Mesa Sectorial, donde ni tan siquiera pasó. Así que no ha habido negociación ni consenso con los sindicatos. Además, para hacerse efectivo el traslado debe salir publicada dicha modificación en BOJA, pues el traslado es fuera de la localidad de Sevilla.

Los compañeros de los servicios afectados, que se han incorporado tras un concurso de traslado y tras un proceso de selección, y los ciudadanos que tengan que realizar gestiones en el mismo centro, se ven afectados al tener que desplazarse a las afueras de Sevilla, donde ni tan siquiera llega el transporte público. Es más, a estos funcionarios no se les respeta la conciliación de la vida laboral y familiar de la que tanto presume la Administración.

Nada tiene que ver las excusas de la Junta y su política de ahorro, con esta actuación prematura y discriminatoria, ya que el resto de esa Dirección General se queda en Sevilla, y que responde a una imposición sin argumentos ni previo aviso. Acudimos a la Justicia, una vez más en solitario, ante la nula recapacitación del ex Viceconsejero, a pesar de nuestra insistencia constante y pública y tras más de mes y medio de espera para solventar este asunto en Mesa Sectorial. Desde SAFJA esperamos así garantizar y salvaguardar los derechos de las decenas de funcionarios afectados y la legalidad vigente.

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