¡No apoyamos la raquítica y ofensiva OEP 2010! La Administración  ha negado cualquier tipo de información para poder realizar una propuesta real y fundamentada en las necesidades reales.

megfonoEsta última Mesa Sectorial de Negociación, celebrada hoy martes 19 de enero de 2010, ha estado presidida por la más absoluta FALTA DE RESPETO HACIA LOS SINDICATOS. A pesar de nuestra petición, la Administración no nos ha facilitado más documentación que la citación para la asistencia a la Mesa. ¿Cómo pretenden que propongamos o aleguemos con esta total desinformación? Hemos exigido toda la información necesaria para poder plantear una Oferta de Empleo Público real: relación de bajas permanentes, interinidades, propuestas y peticiones de las distintas Consejerías a Función Pública de puestos base, puestos base no cubiertos en el concurso y en el acceso. Todo ello, desglosado por Cuerpos y por Consejerías, Delegaciones y Organismos Autónomos. Además del listado de personal ajeno a la Función Pública, que presta sus servicios dentro de las dependencias de las Consejerías y Delegaciones, desglosado por categorías, funciones, dependencia funcional de Servicios concretos, etcétera; y datos de los compañeros que están en disposición de promocionar para ajustar la oferta de plazas de la promoción interna a la demanda que haya, ya que la promoción está contemplada en la Ley como un derecho de los funcionarios (Ver OEP 2010 aprobada por la Administración).

SAFJA propuso en solitario como medida de talante negociador, que se tratara de una Mesa informativa, donde nos facilitaran todos los datos necesarios y, adaptándonos a su calendario, organizaran con posterioridad otra Mesa Sectorial donde, ya con la información requerida, podamos aportar una propuesta y tratar con más exactitud la OEP para 2010. La respuesta no se ha hecho esperar. El Secretario General para la Administración Pública SE HA NEGADO EN ROTUNDO A FACILITARNOS CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN Y DA POR CERRADA LA MESA, ocultando información vital para que podamos realizar propuestas dignas, justificadas y leales a las verdaderas necesidades. El Gobierno andaluz no se anda por las ramas y no negocia, pues nos niegan la misma documentación que ellos poseen del expediente de esta OEP.

Pero no nos callarán y desde SAFJA hacemos público este atropello a los derechos fundamentales de cualquier ciudadano. LA OEP QUE NOS IMPONE LA ADMINISTRACIÓN ES UNA AUTÉNTICA TOMADURA DE PELO PARA CUALQUIER FUNCIONARIO Y ANDALUZ que está dedicando parte de su economía y de su esfuerzo, en tratar de acceder a su carrera administrativa, en el primer caso, y en conseguir una plaza en la Administración andaluza, en el segundo.

Las cifras les delatan. Los datos de otros años distan considerablemente de esta OEP y, "casualmente", las cifras aumentan si es año electoral:

-2003*: 3509 plazas para acceso libre y 700 plazas para promoción interna. TOTAL: 4209 plazas.

-2005: 1359 plazas para acceso libre y 1960 plazas para promoción interna. TOTAL: 3319 plazas.

-2006: 1048 plazas para acceso libre y 1670 plazas para promoción interna. TOTAL: 2718 plazas.

-2007*: 1515 plazas para acceso libre y 1919 plazas para promoción interna.  TOTAL: 3434 plazas.

-2009: 720 plazas para acceso libre y 445 plazas para promoción interna. TOTAL: 1165 plazas.

-2010: 270 plazas para acceso libre y 275 plazas para promoción interna. TOTAL: 545 plazas.

*Años electorales que coinciden con el mayor número de plazas ofertadas.

Además, debemos tener en cuenta que en las anteriores ofertas públicas el número de plazas ocupadas no se corresponde con las ofertadas, ya que hubo plazas desiertas y las tasas de reposición, no fueron reales. Esto ha ocasionado un déficit acumulado, que tampoco con esta OEP de 2010, se va a subsanar. También han disminuido a la mitad las tasas de reposición, el año pasado se fijó en un 30% y este año en el 15%. ¿Como podremos comprobar que se cumplen estos raquíticos números? Si no disponemos del total de plazas a reponer, difícilmente podremos comprobar que la OEP que nos presenta la Administración, cumple con el artículo 11 de la ley 5/2009 de Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Las plazas de promoción interna para los funcionarios no se libran tampoco del escandaloso recorte, ya que se ven mermadas ante el hecho de destinar un número igual de plazas para el personal laboral fijo, cuestión de dudosa legalidad (Ver más información sobre nuestra oposición a la promoción cruzada). Además, la Administración andaluza pasa de tener 22 empresas públicas a 154, con empleos en precario y usurpando las funciones encomendadas en exclusiva, por ley, a los funcionarios (Ver sentencias y Auto de suspensión contra encomiendas de gestión). Le recordamos al Gobierno andaluz, una vez más, que la Ley 23 /88 establece que los puestos de trabajo de la Administración deben ser desempeñados por funcionarios públicos, haciendo una excepción a esta regla en lo referente a puestos de naturaleza no permanentes, los propios de oficios, los de carácter instrumental, etcétera.

Esta actitud dictatorial de la Junta solamente la entenderíamos, si como ocurrió en el año 2007; para el año 2011 se ofertara una suculenta oferta de empleo público, coincidiendo además, con los años de elecciones generales y autonómicas. La negociación de buena fe exige que ambas partes deben contar con los mismos documentos y como no se aporta ninguna información, ¡NO PENSAMOS APOYAR LA OEP IMPUESTA POR EL GOBIERNO ANDALUZ! que, como siempre, responde al interés político y a su agenda electoral; y no a las necesidades reales de recursos humanos de la Administración.

Pero nuestra desventaja informativa, pues la Junta sí conoce los datos, no ha sido un muro infranqueable en nuestra lucha. Desde nuestro Sindicato denunciamos la utilización de la OEP como un instrumento electoral, sin importar la dotación del personal necesario en los servicios para atender a los ciudadanos eficazmente y con escrupuloso respeto a sus garantías y derechos como tales. Por supuesto, ante este abuso de los derechos de los ciudadanos y de los funcionarios, desde SAFJA nos reservamos el derecho a actuar contra esta medida impuesta, a través de todas las vías legales a nuestro alcance.

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