El Sindicato pide por escrito a la Junta que cubra las plazas del Servicio para agilizar la fiscalización de las ayudas de formación.

privatizacion cadizCádiz.- La realidad diaria del Servicio de Formación en Cádiz es muy distinta a la reflejada en la propaganda del Gobierno andaluz. Una plantilla de funcionarios exigua y cuyas funciones sería revisar las subvenciones de los cursos de formación sin cubrir, deja entrever el poco interés del Gobierno andaluz en esclarecer lo sucedido con los fondos de formación (Ver primera página del escrito).

En un escrito presentado a la Administración andaluza, SAF ha denunciado con datos reales la pírrica situación en la que se encuentra la dotación de la plantilla de funcionarios del Servicio de Formación de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, consecuencia de la externalización a la que se han sometido determinados Servicios en la Junta de Andalucía como el de Formación para el Empleo, que durante años ha estado en manos de la Fundación Andaluza del Fondo Formación y Empleo (FAFFE).

Tras una pésima gestión de la formación en manos durante años de la FAFFE, SAF lamenta que el Servicio no funcione y sea incapaz de sacar adelante el enorme número de expedientes sin fiscalizar de años atrás.

Actualmente de los 26 puestos de funcionario con los que cuenta el Servicio de Formación no están cubiertos ni el 50%. Ante esta situación, la Delegación de Educación está recurriendo a personal docente con destino en centros educativos para que lleven a cabo tareas relacionadas con el Servicio, funciones para las que no están preparados ya que en sus oposiciones no se les ha exigido siquiera conocimientos sobre procedimiento administrativo, gestión de subvenciones, materia presupuestaria, etcétera.

Un Servicio que requiere personal cualificado, dado que se encarga de la recepción y valoración de solicitudes para los cursos, de su seguimiento, de la inspección y homologación de centros formativos, de las Escuelas Taller y Casas de Oficios y de la revisión de expedientes, y que maneja un presupuesto de varios millones de euros.

Esta dejadez repercute, además, en los ciudadanos directamente y se dan situaciones tan graves como el impago a los alumnos de las becas y ayudas por cursos de formación realizados desde el año 2009.

SAF pide al Gobierno andaluz ir más allá de la mera propaganda institucional y demostrar un interés real por aclarar si ha existido fraude o no en los cursos de formación. La Junta de Andalucía debe cubrir los puestos que existen actualmente en el Servicio de Formación y ampliar la plantilla de funcionarios para dar cabida a personal especializado y fiscalizar todas las ayudas en el menor tiempo posible.

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