Los puestos de trabajo del consistorio como notificador, inspector o letrado están adscritos en la RPT con carácter exclusivo a funcionarios.

ayuntamiento-jerezJerez de la Frontera, Cádiz.- El Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, ha presentado un escrito dirigido al Delegado de Personal y Seguridad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera en Cádiz para denunciar que personal laboral del consistorio está desarrollando funciones reservadas a los funcionarios.

SAF reitera que esta circunstancia sucede al margen de la legalidad vigente y de las resoluciones judiciales.

Las funciones de puestos de trabajo como notificador, inspector o letrado, que están adscritos con carácter exclusivo a funcionarios en la relación de puestos de trabajo (RPT), implican directamente el ejercicio de potestades públicas. Esto supone una razón más que ratifica la irregularidad, ya que según el Estatuto Básico del Empleado Público "el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la Ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca".

En el escrito, SAF pide al Delegado de Personal y Seguridad del Ayuntamiento que cesen estas actuaciones y que ninguna potestad o función, que según la Ley deba ejercerse por funcionario público, se lleve a cabo por personal no funcionario al incurrir en un posible delito de usurpación de funciones.

Además, el Sindicato solicita que se adopten las medidas necesarias para solucionar esta situación lo antes posible.

SAF ya recurrió en este Ayuntamiento la doble adscripción para funcionarios y laborales y la diferencia de retribuciones entre ambos, a pesar de ocupar el mismo puesto de trabajo.

Si este escrito no recibe respuesta y la situación irregular continúa, el Sindicato se reserva el ejercicio de cuantas acciones legales estime oportunas en defensa de los derechos e intereses de los funcionarios a los que representa.

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