Los allanamientos presentados por la Administración han precipitado nuevos fallos a favor del Sindicato que estudia acudir a la vía penal si no se acatan estos veredictos.
Desde enero de 2013 que se dictó la primera y la única que no fue resultado de ningún allanamiento, siete sentencias firmes han dado la razón al Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) sobre la obtención de información sobre las condiciones de contratación y funciones del personal externo. La Administración andaluza no ha acatado todavía ninguna de ellas (Ver en prensa).
La letrada de la Junta de Andalucía se ha dirigido de nuevo a la Sala y mediante un escrito ha vuelto a formular allanamiento, el sexto en un año. A raíz del mismo, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Sevilla ha levantado la suspensión acordada en una anterior diligencia y ratifica un nuevo allanamiento de la Administración que, como ocurrió con los anteriores, acabará en otro fallo definitivo que se convertiría en el octavo.
El TSJA ha reconocido el derecho de SAF a la obtención de la información solicitada en los recursos interpuestos, en la mayoría de ellos se trata de datos sobre los contratos que amparan la presencia de personal externo, las funciones que desempeñan, la disposición de clave privada de acceso a los sistemas informáticos y la relación de plazas vacantes y desdotadas.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha pedido por escrito a la Administración que acate las sentencias y facilite todos los datos referentes al personal externo. Ante la falta de respuesta, los servicios jurídicos de SAF estudian la posibilidad de continuar ejerciendo actuaciones legales, incluida la vía penal, hasta que la Junta cumpla sin dilaciones los fallos.
SAF lleva años exigiendo toda la información referente a uno de los despilfarros más polémicos y descarados de los últimos tiempos, culminados en la Ley 1/2011 de reordenación el sector público andaluz. Es más, el Sindicato Andaluz de Funcionarios es la única organización sindical que ha recurrido los estatutos de una Agencia, la de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, al amparo del Tribunal Constitucional y agotar así todas las vías legales posibles contra una privatización que supone al erario público 3.200 millones de euros, según la Cámara de Cuentas.
En 2013 el número de funcionarios y personal laboral de la Junta ha bajado en casi 30.000 trabajadores respecto a 2012. Una cantidad similar se baraja que forma la Administración paralela. Se ha recortado en empleo de calidad para llevar a cabo una externalización en la que los mayores perjudicados son los ciudadanos que no pueden acceder a un empleo público por los cauces legales que reconocen los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Aún queda mucho por hacer, una vez la Junta de Andalucía ponga sobre la mesa toda la información sobre los miles de externos, deberá explicar no sólo los contratos y sueldos, sino el tipo de funciones que realizan, ya que la Ley 7/2007 establece que las potestades públicas únicamente deben ser ejercidas por personal funcionario como garantía de neutralidad en la defensa de los derechos e intereses de la ciudadanía.
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