El citado juzgado de instrucción mediante Auto de diciembre de 2015, ha desestimado el Recurso de Reforma que la defensa del Exconsejero Antonio Ávila presentó en su día y por el cual mantiene íntegramente la imputación de que fue objeto en el auto de 17 de septiembre de 2015, en el asunto de de otorgar 5,8 millones de euros, en subvenciones excepcionales “sin soporte legal”.

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El citado juzgado de instrucción mediante Auto de diciembre de 2015, ha desestimado el Recurso de Reforma que la defensa del Exconsejero Antonio Ávila presentó en su día y por el cual mantiene íntegramente la imputación de que fue objeto en el auto de 17 de septiembre de 2015, en el asunto de de otorgar 5,8 millones de euros, en subvenciones excepcionales “sin soporte legal”.El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha recibido recientemente notificación del Juzgado de Instrucción nº 2 de Sevilla, del auto de fecha de 23 de diciembre de 2015, en el que después de comunicar el recorrido jurídico de la tramitación de las Diligencias Previas 1267/2015 iniciadas por el SAF y que como consecuencia,  el Ministerio Fiscal presentó denuncia, por presuntos delitos de fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos y  prevaricación.

La defensa del Sr. Ávila presentó en septiembre de 2015  Recurso de Reforma contra la citada denuncia del Ministerio Fiscal, recurso que ha sido desestimado a través del Auto de fecha  22 de diciembre del Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción nº  2 de Sevilla y en el que textualmente dispone:“Se desestima el recurso de reforma interpuesto por la representación de Antonio Ávila Cano contra el Auto dictado por este Juzgado de Instrucción el pasado 17 de septiembre de 2015, debiendo mantenerse el mismo en su integridad”. (ver auto)

 

Como recordareis este procedimiento se inició a través de un escrito que el SAF presentó a la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía poniendo en conocimiento de la citada Fiscalía el informe de fiscalización la propia Cámara de Cuentas de Andalucía en el que informaba de una serie de conclusiones referentes a la gestión de las subvenciones otorgadas  a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico. (ver escrito denuncia).

El importe de 5,8 millones de euros, corresponden a las  indemnizaciones establecidas por la extinción de los contratos laborales, otorgadas mediante la concesión de “subvenciones excepcionales”  y que son cusa de la imputación.

(Ver en prensa)

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